El Concejo de Doral tiene previsto votar esta semana la autorización para que la ciudad entre en un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el controversial programa 287(g). Esta medida integraría a la ciudad con la mayor población venezolano-estadounidense del país en los esfuerzos federales y estatales de control migratorio.
El acuerdo permitiría a oficiales de la policía de Doral ejercer funciones limitadas en materia de inmigración, como interrogar, detener y procesar a individuos sospechosos de infringir leyes migratorias, según se especifica en la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Alcaldesa de Doral, Cristi Fraga, explicó que la consideración del acuerdo es «resultado de la ley que pasó en febrero en el estado» y que, en la práctica, implicaría entrenamiento para que los agentes sepan cómo proceder si encuentran a una persona indocumentada durante un incidente criminal.
Por su parte, el concejal Rafael Pineiro intentó calmar las posibles alarmas en la comunidad, asegurando que «la policía del Doral va a continuar haciendo la misma función» y que no se detendrá a vehículos por la apariencia de sus ocupantes, ni se afectará a quienes tengan permisos temporales y cometan solo infracciones menores.
Sin embargo, la posible adopción del acuerdo, especialmente si se implementa el modelo «Task Force» que permite arrestos por violaciones migratorias durante labores rutinarias (como han hecho otras jurisdicciones en Florida y Texas, según reportes del Miami Herald), genera preocupación. Este modelo fue pausado a nivel nacional en 2012 tras investigaciones que detectaron prácticas discriminatorias y detenciones ilegales en comunidades hispanas. Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus, declaró al Miami Herald que aprobar el acuerdo sería una «traición a la confianza» de la comunidad, argumentando que «la comunidad depende de la policía para su protección, no para su persecución».
La decisión de Doral se enmarca en un contexto más amplio donde, por directiva del Gobernador Ron DeSantis, agencias estatales como las policías universitarias (incluida FIU) también están firmando estos acuerdos, y otras ciudades como Coral Gables, Hialeah y la oficina del Sheriff de Miami-Dade ya participan. South Miami, en cambio, ha demandado al estado para evitar unirse al programa.