Una jueza federal en Boston impidió el lunes que la administración del presidente Donald Trump pusiera fin anticipadamente a las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para más de medio millón de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) amparados bajo un programa de parole humanitario creado durante la presidencia de Joe Biden. La terminación estaba programada para el 24 de abril.
La Jueza Federal de Distrito Indira Talwani dictaminó que la decisión de la administración de rescindir los permisos de permanencia temporal antes de su fecha de vencimiento natural (generalmente dos años) violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). En su fallo de 41 páginas, Talwani argumentó que el gobierno no ofreció «ninguna razón sustancial ni interés público» que justificara la medida y que la justificación se basaba en una «lectura incorrecta de la ley». La jueza emitió una suspensión (stay) de la orden de terminación y certificó al grupo de afectados como una demanda colectiva (class action).
El plan de la administración Trump, publicado el 25 de marzo en el Registro Federal por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (según reportes del Miami Herald), buscaba acabar con el programa CHNV argumentando que no servía a un beneficio público significativo, no reducía la inmigración ilegal y era inconsistente con las metas de política exterior, además de generar retrasos en el sistema migratorio. La jueza Talwani rechazó estos puntos y la visión de Seguridad Nacional de tratar a estos migrantes – que entraron legalmente con patrocinadores – de forma similar a quienes cruzan la frontera ilegalmente para una deportación acelerada.
La decisión representa un alivio significativo para los más de 531,000 beneficiarios del programa CHNV (cifra hasta diciembre de 2024), quienes enfrentaban la pérdida inminente de su estatus legal y capacidad para trabajar. Anwen Hughes, abogada de Human Rights First y representante de los demandantes, expresó alivio por la decisión del tribunal, destacando el daño que se evita a estas personas y la probabilidad de que ganen el caso en sus méritos. El Departamento de Justicia no emitió comentarios inmediatos sobre el fallo, el cual podría ser apelado por la administración.