La tensión marcó la jornada de este lunes en el parque de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater, al cumplirse el plazo para que los residentes desalojaran la propiedad. Sin embargo, decenas de familias, dueñas de sus viviendas pero no del terreno, se mantienen firmes en su decisión de permanecer, aferradas a una batalla legal y denunciando un proceso que consideran injusto y plagado de irregularidades.
Desde noviembre de 2024, cuando cerca de 900 propietarios fueron notificados de que el parque cerraría el 19 de mayo de 2025, la incertidumbre ha sido la constante. La empresa desarrolladora que adquirió los terrenos planea convertirlos en un proyecto de viviendas asequibles subsidiadas por el gobierno. No obstante, para muchos de los actuales residentes, la transición ha estado lejos de ser justa.
«Sabemos que tenemos que salir de aquí, pero en diferentes condiciones. El dueño del terreno tiene que pagarnos para irnos, y la cantidad correcta de dinero», declaró a CBS Miami Enrique Zelaya, quien invirtió $160,000 en su casa móvil solo cuatro meses antes de recibir el aviso de desalojo. Zelaya, al igual que muchos otros, considera insuficiente la oferta de compensación inicial de $14,000 para quienes se marcharan antes del 31 de enero. Quienes se van ahora, tras vencerse el plazo, no recibirían nada.
Actualmente, 190 propietarios de casas móviles se han sumado a una demanda colectiva contra la empresa administradora, la ciudad de Sweetwater y el condado de Miami-Dade. La demanda, como explicó Telemundo 51, alega que el propietario no cumplió con la ley al no notificar primero a la asociación de propietarios ni ofrecer el derecho de primera opción. También argumenta que se produjo un aumento ilegal del alquiler dentro de los 90 días previos al aviso de desalojo y acusa a la ciudad y al condado de no realizar estudios para garantizar opciones de reubicación.
«Se vence el plazo para él, pero hay un juicio y la que manda es la jueza», afirmó Joan Puey, residente del parque, a Telemundo 51, reflejando la postura de muchos. «Hasta que la jueza no nos saque de aquí y no le dé el favor a él, nosotros no nos vamos». El abogado que representa a los residentes ha instado a mantener la fe, asegurando que «hasta que no haya un juicio final en este caso, no hay desalojo».
La situación se ha visto agravada por preocupaciones previas sobre las prácticas de demolición en el parque. En marzo, residentes denunciaron trabajos inseguros y la presencia de asbesto, lo que llevó a la imposición de multas a la compañía propietaria, aunque esta y las autoridades locales sostuvieron que los permisos estaban en regla.
El impacto humano es palpable. Muchos de los residentes son personas mayores, discapacitadas o familias de bajos ingresos que han vivido en Li’l Abner durante años y ahora enfrentan la imposibilidad de costear las altas rentas del sur de Florida. «Nunca en mi vida pensé en vivir de esa manera, tan inseguro», confesó entre lágrimas una vecina a Univision. La comunidad sigue luchando por lo que consideran sus derechos, mientras el futuro de sus hogares pende de una decisión judicial.