En entrevista para el programa Cada Tarde de Actualidad Radio, la abogada de inmigración Martha Arias analizó la complejidad legal y social que rodea a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), subrayando que una eventual repatriación masiva tendría consecuencias perjudiciales no solo para las familias afectadas, sino para la estructura económica de Estados Unidos.
Arias explicó que, aunque el TPS fue diseñado originalmente como un alivio humanitario transitorio frente a emergencias en los países de origen, para comunidades como la salvadoreña la protección se ha extendido por más de dos décadas. Durante este tiempo, los beneficiarios han establecido propiedades, creado empresas y formado familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
«Regresar a sus países de origen no representa simplemente un cambio de residencia, sino comenzar prácticamente una nueva vida después de haber pasado 20 o 25 años en Estados Unidos». — Martha Arias, abogada de inmigración.
Impacto en la actividad empresarial y propuestas en el Congreso
La especialista hizo hincapié en el impacto productivo de esta población, citando ejemplos de empresarios acogidos al TPS que dirigen compañías multimillonarias en sectores como la construcción y emplean a trabajadores estadounidenses. Su expulsión, advirtió, significaría la quiebra de negocios consolidados, el incremento del desempleo local y una drástica reducción en la recaudación de impuestos.
Frente a esta situación, Arias destacó la existencia de iniciativas en el Capitolio —como la propuesta de reforma migratoria de la congresista María Elvira Salazar— que contemplan vías de ajuste de estatus para quienes cumplan con requisitos de permanencia continua, conducta intachable y cumplimiento fiscal. La letrada concluyó que el Congreso debe abordar el debate desde una perspectiva pragmática que reconozca las contribuciones de largo plazo de estos residentes.
(AP Foto/Ryan Murphy, Archivo)