Las mesas de votación abrieron este domingo en Venezuela por tercera vez en el año, en unas elecciones municipales especialmente desequilibradas a las que no se presenta el grueso de la oposición y en las que el chavismo aspira a arrebatar a sus adversarios las pocas alcaldías que tienen para hacerse con todo el poder municipal.
Un total de 19,7 de los 30,6 millones de venezolanos están habilitados para escoger a alcaldes en 335 municipios, de los cuales el chavismo controla 242 y la oposición 76. El resto está en poder de disidentes de ambos bandos o independientes.
Tres de los cuatro grandes partidos de la oposición no se han inscrito para este proceso, en el que ya se han repetido algunos de los hechos que precedieron los comicios regionales del 15 de octubre -donde el oficialismo obtuvo una clara victoria- y llevaron a estas formaciones a no participar en las municipales.
Entonces, como ahora, solo los candidatos chavistas tuvieron acceso a los medios públicos, y varios dirigentes y alcaldes opositores están presos, inhabilitados o han huido del país.
Para las municipales tampoco se cuenta con observadores internacionales que validen la limpieza del proceso, y se habilitarán puntos de registro del «Carnet de la Patria» ante los centros de voto, lo que permite al régimen chavista saber quién va a votar a través de este censo paralelo a través del que se reparte la ayuda social.
Estas prácticas han sido denunciadas como irregularidades por la sociedad civil y la oposición, incluso entre aquellos partidos y movimientos que sí son partidarios de acudir a las urnas.
Es la posición de la principal patronal del país, Fedecámaras, de la Conferencia Episcopal y de la asociación más grande de estudiantes.
«Fedecámaras reitera que cualquier deseo de cambio político debe transitar los caminos democráticos; el derecho al voto y a unas elecciones justas, forma parte de ellos», escribió hoy en su cuenta de Twitter Fedecámaras.
Por su parte, Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela ha animado también a acudir a las urnas pese a no darse, a su juicio, las garantías necesarias para que se lleve a cabo un proceso justo.
«Uno tiene que hacer lo imposible por nuestro país, y hay que ir así sea en unas elecciones que no tienen condiciones», dijo al diario El Nacional Rafaela Requesens, presidenta de la federación, que representa a los estudiantes de la principal universidad del país.
Contra esas sospechas volvieron a pronunciarse quienes integran la misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), que participan en estas elecciones municipales en calidad de acompañantes internacionales (llevados por el gobierno y no como una observación independiente).
El presidente del CEELA, Nicanor Moscoso, se dirigió al «pueblo bolivariano de Venezuela» para asegurar que «una vez más pueden ustedes tener absoluta confianza en los mecanismos que utiliza el Consejo Nacional Electoral para proceder el día de mañana con las elecciones».
Moscoso, que dio una rueda de prensa en la sede del Consejo Electoral acompañado de sus compañeros de delegación, afirmó que hasta el día de hoy los acompañantes han llevado a cabo nueve auditorías de los mecanismos que se utilizarán en la votación del domingo.
UNT es el único de los cuatro grandes partidos de la oposición venezolana que concurre a los comicios del domingo, en los que el chavismo gobernante aspira a ganar todas las alcaldías.
Venezuela no celebra una elección con observación internacional desde el año 2006.
Según expertos en temas electorales, la diferencia entre observadores y acompañantes es que los primeros suelen presentar a las autoridades sus propios planes de verificación, mientras que los segundos están supeditados al Estado que les invita.
Los observadores internacionales, además, deben pertenecer a organizaciones supranacionales o a Gobiernos de países extranjeros, mientras que los acompañantes pueden ser antiguos cargos públicos como es el caso de los miembros del CEELA que visitan Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha sido acusado de fraude por sectores de la oposición en varias ocasiones.
La propia empresa encargada de dar soporte técnico al recuento, Smartmatic, denunció en agosto de este año que el organismo infló en al menos un millón de votos las cifras de participación en la elección el 30 de julio de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, en la que solo participó el chavismo.
Fuente: Infobae.com