El abogado y presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba, Nick Gutiérrez, afirmó que el endurecimiento de las sanciones bajo la administración Trump está generando consecuencias directas para las empresas extranjeras vinculadas al régimen. Según Gutiérrez, este escenario ha provocado un resultado casi inmediato, citando la salida de una importante minera canadiense y acuerdos legales recientes con cadenas hoteleras y aerolíneas.
El especialista explicó que la aplicación agresiva de la Ley Helms-Burton, especialmente en sus Títulos III y IV, ha incrementado la presión sobre las compañías que operan en propiedades expropiadas tras la revolución. «Todas las empresas que utilizan propiedades confiscadas corren el riesgo de enfrentar una responsabilidad legal seria», advirtió Gutiérrez, subrayando el creciente riesgo financiero para los inversionistas.
Gutiérrez sostuvo que las grandes cadenas y financistas internacionales se encuentran ahora en una encrucijada estratégica. Según su análisis, los inversores deben elegir entre mantener vínculos con una estructura política debilitada por la crisis energética y la escasez, o alinearse con las regulaciones de la primera potencia del mundo para evitar litigios costosos.
Para el líder de la Asociación de Hacendados, estas medidas envían un mensaje contundente al mercado global. Sostener negocios en Cuba bajo las actuales estructuras ya no es solo una decisión política, sino un riesgo operativo que muchas empresas ya no están dispuestas a asumir debido a la fragilidad del sistema y la firmeza de la presión internacional.