El programa A Esta Hora, conducido por Yoly Cuello en Actualidad Radio, abordó la controversia suscitada a raíz de una investigación periodística que revela la decisión de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade de contratar a una firma privada de abogados para litigar casos de confiscación de bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Durante la emisión, el abogado Frank Quintero explicó la naturaleza de este acuerdo y las interrogantes legales y éticas que plantea: “[…] sí es la primera vez que el condado, o lo que es la oficina del Sheriff, esté usando una firma de abogados privados. Normalmente los abogados del condado son los que llevan a cabo esos casos de confiscación”.
Según detalló Quintero, la firma contratada recibe una compensación basada en un porcentaje de los activos o recursos que logren confiscar en los tribunales. El jurista diferenció las modalidades de decomiso y señaló que la principal objeción recae en el destino de los fondos resultantes: “[…] la ganancia o lo que se va a recuperar de esa propiedad cuando se vende […] va a ir a una entidad privada, que eso sí la ley no lo permite. Y ahí es donde va a venir el problema y ahí es donde la corte puede decir: ‘No, ustedes no pueden recibir una confiscación que la ley requiere que los fondos vayan al Estado, al Condado o a la agencia policial y entregársela a una entidad privada’”.
Asimismo, en el espacio se debatió sobre la eficiencia y el costo para los contribuyentes, cuestionando que se recurra a litigantes externos cuando el propio condado ya cuenta con una amplia plantilla de profesionales del derecho financiados con presupuesto público. Al respecto, concluyó Quintero: “[…] cuando tú tienes una división legal a tu disposición, como tiene el condado, no hay razón en el mundo, en mi opinión, de pasarle ese contrato a una entidad privada”.
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