El gobierno de Estados Unidos ha iniciado los trámites legales para presentar una acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. La medida, que requiere la aprobación final de un gran jurado, marca una escalada sin precedentes en la presión de la administración de Donald Trump hacia la cúpula del Partido Comunista de Cuba.
La noticia se dio a conocer apenas horas después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, encabezara una delegación oficial a La Habana. Durante la visita, Ratcliffe entregó un mensaje directo del presidente Trump a altos funcionarios cubanos y a Raúl «Raulito» Guillermo Rodríguez Castro, nieto y jefe de seguridad del veterano líder. Según fuentes de inteligencia, el mensaje advierte que Washington solo mantendrá un diálogo económico si la isla implementa reformas políticas profundas y deja de ser un refugio para adversarios regionales.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones caza MiG de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron dos aeronaves civiles desarmadas en aguas internacionales, provocando la muerte de cuatro voluntarios. En aquel momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa y jefe de las fuerzas armadas, cargo desde el cual se presume que dio la orden operativa del ataque. Este incidente ha sido durante tres décadas una de las mayores heridas abiertas en la relación entre ambos países.
Esta ofensiva judicial se enmarca en una estrategia de «máxima presión» que ya vio la captura y traslado a Nueva York del exlíder venezolano Nicolás Maduro en enero pasado. Bajo este nuevo esquema, la fiscalía federal en Miami ha lanzado una iniciativa especial para perseguir delitos económicos, de narcotráfico y violaciones de derechos humanos cometidos por la jerarquía comunista en la isla, eliminando la inmunidad de facto que rodeaba a los líderes históricos.
Mientras la presión aumenta con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis energética en Cuba, surgieron reportes de que el gobierno cubano podría haber aceptado una oferta humanitaria de 100 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Legisladores de Florida, liderados por Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, celebraron la posible acusación, señalando que la justicia para las víctimas de Hermanos al Rescate es una deuda pendiente que esta administración parece decidida a cobrar.
Con información de USA Today, CBS News y Reuters.