El Banco Central de Cuba (BCC) informó que los servicios de las tarjetas de crédito internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del 6 de junio. La suspensión ocurre luego de que un banco privado extranjero, cuya identidad no fue revelada, decidiera romper de forma inmediata sus relaciones comerciales con la entidad financiera estatal Fincimex para evitar represalias legales por parte de Washington.
Esta medida es consecuencia directa de la Orden Ejecutiva No. 14404, firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 1 de mayo. Dicha orden amplió drásticamente las restricciones comerciales y financieras, prohibiendo el flujo de transacciones hacia el conglomerado empresarial militar cubano GAESA (del cual Fincimex forma parte), una corporación estatal que controla cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla. Washington acusa a GAESA de desviar las ganancias de sectores clave como el turismo y las remesas para el beneficio exclusivo de la élite militar, un señalamiento que el régimen cubano niega.
La salida de este banco socio corta las principales conexiones financieras de Cuba con el exterior, asestando un golpe devastador al ya decaído sector turístico y a la comercialización de bienes y servicios locales. A partir de la entrada en vigor de la sanción, los pagos en divisas dentro de la isla quedarán limitados estrictamente al dinero en efectivo, tarjetas prepagadas nacionales y las tarjetas emitidas por los sistemas Mir (Rusia) y UnionPay (China).
El endurecimiento del embargo ha provocado un éxodo masivo de inversionistas internacionales. Grandes consorcios hoteleros como las cadenas españolas Meliá e Iberostar ya han anunciado planes para retirar parcial o totalmente sus operaciones de los inmuebles que coadministraban con el Estado cubano. A este retiro se suma la minera canadiense Sherritt, considerada la mayor inversión extranjera en el país, que concretó su salida total hace un mes. Este estrangulamiento financiero intensifica la crisis energética que sufre la isla desde enero, periodo en el que la administración de Trump decretó un bloqueo petrolero que paralizó la actividad económica de una nación que solo es capaz de producir el 40% de la energía que consume.
MEDIDAS DE PRESIÓN EN EE. UU.
Donald Trump ordena el cierre y decomiso de cuentas bancarias vinculadas a la inmigración ilegal
En el plano doméstico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que instruye al Departamento del Tesoro a clausurar de forma inmediata las cuentas bancarias utilizadas para apoyar la inmigración ilegal. La medida, anunciada a través de la plataforma Truth Social, apunta directamente contra bancos, corporaciones de tarjetas de crédito e instituciones financieras que sirvan como plataformas para el movimiento de capitales de redes criminales.
Bajo el nuevo decreto federal, las autoridades bancarias tienen la facultad de cerrar, confiscar y declarar en decomiso cualquier cuenta corriente o de ahorros que sea empleada para facilitar el contrabando humano, el tráfico de drogas o que almacene beneficios de asistencia social (welfare) cobrados por inmigrantes indocumentados. Trump argumentó que esta estrategia financiera detendrá el robo de miles de millones de dólares anuales propiedad de los contribuyentes estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la orden señalando que las organizaciones criminales transnacionales dependen del sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar sus fondos ilícitos. Como precedente de esta ofensiva económica, el Departamento del Tesoro expuso que las redes de lavado de dinero de origen chino han logrado mover más de 312,000 millones de dólares a través de cuentas en bancos estadounidenses.
Asimismo, agencias de seguridad como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado los operativos contra el fraude laboral y el lavado de dinero vinculado al tráfico de personas. Entre las operaciones recientes destaca el decomiso de activos por un valor de 126 millones de dólares a una red de empleo ilegal en Ohio, la cual operaba mediante unas 40 empresas fachada para albergar y contratar a trabajadores indocumentados introducidos clandestinamente por la frontera con México.