La disputa legal sobre unos terrenos de alta prioridad para la infraestructura y expansión del Puerto de Miami-Dade se trasladará a las cortes, luego de que la Comisión del Condado decidiera proceder con el proceso de expropiación por causa de utilidad pública (eminent domain) para adquirir la propiedad.
Un jurado será el encargado de determinar el valor real del terreno industrial, el cual fue adquirido hace apenas ocho meses por sus actuales dueños por la suma de 180 millones de dólares, pero por el cual exigen ahora el pago de 400 millones de dólares al condado. Esta considerable diferencia de precio ha levantado fuertes cuestionamientos sobre las intenciones de los inversores.
Una maniobra financiera bajo sospecha
Durante el debate en el seno de la comisión, se reveló que la propiedad cuenta con una zonificación estrictamente industrial y de fabricación pesada. Además, pesa sobre ella una restricción de uso (covenant) que exige que el terreno sea destinado exclusivamente a fines de almacenamiento de combustible para el puerto; una limitación que solo la propia Comisión tiene la facultad legal de levantar.
«Las personas que lo compraron nunca quisieron construir condominios ahí… la idea siempre fue vendérselo al condado a un precio sumamente más alto para asegurar una ganancia rápida».
Varios comisionados calificaron la estrategia de los inversores —entre los que se mencionan conocidas figuras del ámbito empresarial local— como una maniobra financiera especulativa y perjudicial para el erario público y los contribuyentes.
Críticas a la gestión del condado
La falta de una negociación oportuna por parte de la administración de Miami-Dade ha sido catalogada por analistas como uno de los errores de gestión más severos en la historia reciente de la localidad. Durante la sesión se enfatizó que toda esta situación jurídica se pudo haber evitado el año pasado, cuando el condado se enteró originalmente de que la propiedad estaba a la venta, criticando que se permitiera la entrada de compradores intermediarios en lugar de negociar directamente con los dueños originales. El caso continuará bajo un estricto escrutinio público mientras las cortes fijan el precio final del terreno.
