El intrincado caso del inmigrante Kilmar Armando Abrego García ha puesto sobre la mesa un debate fundamental sobre los límites entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos. El abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela analizó recientemente en Actualidad Radio esta compleja situación, subrayando la necesidad de mantener el equilibrio constitucional.
El caso cobró relevancia después de que el gobierno federal solicitara a un tribunal que bloqueara la orden de una jueza de primera instancia, la cual mandaba el retorno del migrante a territorio estadounidense. Ante este escenario, Rodríguez Varela fue enfático al señalar que, si bien el Ejecutivo tiene obligaciones, los tribunales también tienen límites: «Una Corte Federal no puede usurpar funciones del Ejecutivo», afirmó, defendiendo el principio de separación de poderes.
Sin embargo, el experto legal también recalcó la importancia irrenunciable del debido proceso, un derecho que debe garantizarse incluso en los casos de deportación.
Rodríguez Varela insistió en «la importancia y obligación del Ejecutivo Federal de acatar las decisiones de la Corte Suprema». Argumentó que este acatamiento es crucial, especialmente en situaciones que involucran la separación de poderes y el necesario respeto al rol constitucional que ostenta el presidente.
Según el abogado, la propia jurisprudencia de la Corte Suprema «hace un llamado a mantener el equilibrio de poderes». Por lo tanto, concluyó que, si bien el Ejecutivo debe cumplir con las órdenes judiciales firmes (emanadas de la autoridad competente, como la Corte Suprema), debe hacerlo siempre dentro del marco constitucional que salvaguarda la independencia y las funciones propias de cada poder.