BUENOS AIRES (AP) — Hugo Moyano, el combativo líder de la principal central sindical argentina, ratificó su total distanciamiento de la presidenta Cristina Fernández, antaño fiel aliada, al exigir el miércoles a la mandataria que deje de lado su «soberbia» para atender los reclamos laborales de los trabajadores.
El poderoso sindicato de camioneros que encabeza Moyano y otros gremios que le son afines en el seno de la Confederación General del Trabajo (CGT) realizan un paro nacional de un día que ha tenido como acto central una movilización en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde el gremialista dio un discurso muy crítico con Fernández.
«No le costaría nada a la señora presidenta …dialogar con los trabajadores o con otros sectores …eso demuestra la grandeza de quienes conducen los destinos del país, y espero que con la capacidad e inteligencia que da a entender se dé cuenta que no puede seguir con esa soberbia abrumadora», dijo Moyano ante miles de trabajadores que lo vitorearon en la céntrica plaza, donde se encuentra la sede del gobierno.
La mandataria optó por viajar durante la jornada de protesta a la provincia de San Luis, en el oeste, para inaugurar una planta de procesamiento de fiambres. «Necesitamos una Argentina donde se discutan ideas con argumentos y queden atrás agravios y descalificaciones y valoremos lo logrado», dijo Fernández en ese acto.
La protesta que encabeza Moyano es la primera de este tipo desde que el kirchnerismo llegó al poder en 2003. Moyano era hasta hace unos meses aliado de Fernández e incondicional de Néstor Kirchner, antecesor y fallecido marido de la mandataria, pero en los últimos meses su relación con la presidenta empeoró y el diálogo entre ambos está roto.
Una de las principales demandas que planteó Moyano en su acto en la Plaza de Mayo es que el Ejecutivo aumente el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios, un viejo reclamo de Moyano para que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores ante una inflación anual de 25%.
El sindicalista también exigió que los subsidios que reciben desempleados y trabajadores con bajos ingresos o informales por sus hijos sean extensibles a todos los empleados. «Se discrimina cruelmente a los hijos de los trabajadores», dijo.
A la huelga se adhirieron los sectores de transporte de mercancías, de combustibles, de recolección de basura, de materiales peligrosos y de caudales, así como los distribuidores de alimentos y de periódicos, bajo la órbita del sindicato de camioneros.
Además fueron a la huelga los peones rurales, trabajadores aeronáuticos, portuarios, textiles, municipales y judiciales y los empleados de gasolineras. En tanto, la adhesión de los docentes era dispar, así como la de los empleados de la sanidad.
El paro no tuvo un impacto fuerte porque el transporte de pasajeros —trenes subterráneos, taxis y autobuses— y los comercios funcionaban casi con normalidad en Buenos Aires y otras ciudades importantes como Rosario y Córdoba, por corresponder a gremios de la CGT contrarios a la conducción del líder sindical.
Pero trabajadores estatales, docentes, judiciales y de la salud afines a la CGT marcharon en varias provincias en adhesión a los reclamos planteados por Moyano.
El sindicalista subrayó su desacuerdo con el estilo del gobierno «de hacer todo como si fuera una dictadura». «Nosotros no atacamos (al Ejecutivo); reclamamos lo que legítimamente les corresponde a los trabajadores», afirmó.
«Pareciera que un reclamo legítimo fuera una extorsión … pareciera que un paro nacional fuera un golpe de Estado», se quejó en otro momento el líder sindical.
Señaló que tras la superación de la crisis económica de 2001 «ya se tendría que haber terminado el hambre y la pobreza en el país» y que «aquí pareciera que se ha logrado el milagro alemán… y esto no es así; toda la sociedad argentina lo sabe, no tenemos los problemas de 2001 pero se avecinan otros».
El gremialista también afirmó que el gobierno debe dinero a las prestadoras de salud sindicales y «presiona y amenaza» a líderes de gremios para que no se pleguen a las protestas.
«Nadie tiene el poder para destruir al movimiento obrero porque destruirlo es pretender destruir al peronismo mismo», afirmó.
Además expresó su determinación de mantener el poder en la CGT en las elecciones que se celebrarán en julio en el seno de la central sindical. «Lo hago porque no podemos aceptar que se apodere de la CGT un grupo de dirigentes que van a pasar a ser una especie de ministros del Ejecutivo y van a recibir órdenes», aseguró.
Grandes gremios de la CGT que mantienen fuertes pujas de poder con Moyano y no acataron la huelga manifestaron su apoyo a Fernández, al considerar que ha ayudado a mejorar las condiciones de los argentinos con menos ingresos. Se trató, entre otros, de los gremios de la metalurgia, la construcción y los mecánicos.
Los miles de camioneros que se congregaron en la Plaza de Mayo desde horas tempranas portaron carteles que rezaban «El salario no es ganancia» y otros muy críticos con la presidenta.
En la actualidad los trabajadores que pagan ganancias son los solteros con sueldos a partir de los 5.782 pesos (1.280 dólares) y los casados que superan los 8.000 pesos (1.766 dólares) mensuales.
Moyano afirmó el martes que el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias debería fijarse entre los 14.000 y los 18.000 pesos (entre 3.100 y 3.400 dólares). Algunos sectores de la oposición, en tanto, reclaman una reforma tributaria que exima del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores y lo aplique a sectores hasta ahora exentos como la minería, el juego y servicios del sector financiero.
La mandataria ha pedido a los trabajadores responsabilidad en sus reclamos en medio de una crisis internacional que está afectando la economía del país. En la víspera, fustigó a Moyano y señaló que no hará cambios en su política impositiva.
El gobierno inició a principios de 2012 tímidos ajustes para limitar el gasto y pretendía que el aumento de los salarios este año no fuera más del 20%, porcentaje que finalmente fue superado en las negociaciones entre trabajadores y empresas de distintos sectores.
Santiago Senén González, historiador del movimiento obrero, dijo a The Associated Press que esta protesta «marca un quiebre entre un sector poderoso del sindicalismo» y la presidenta.
Consideró que la raíz de la disputa es «política»: mientras Fernández pretende «concentrar todo el poder», Moyano aspira a mantener el suyo dentro del movimiento sindical para posicionarse mejor frente a posibles candidatos presidenciales del peronismo —como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli— en las elecciones generales de 2015, donde la mandataria no está habilitada para competir
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La periodista de The Associated Press en Buenos Aires Débora Rey contribuyó con esta nota.
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