El dirigente político venezolano Américo De Grazia ha denunciado que la expansión de grupos armados irregulares en las zonas mineras del sur del país no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso sistemático iniciado bajo la administración de Hugo Chávez y consolidado durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Según el análisis de De Grazia, la ocupación de territorios estratégicos por parte de organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha sido promovida deliberadamente para que estas estructuras ejerzan control sobre la explotación de oro, coltán y diamantes. El exdiputado fue contundente al calificar a esta región como una «Marquetalia venezolana», utilizando la referencia histórica de la zona guerrillera colombiana para ilustrar el nivel de influencia irregular que ahora domina el sur del país.
Las «alianzas mineras»: Un mecanismo irregular
De Grazia cuestionó la legalidad de las llamadas «alianzas mineras», un esquema que, a su juicio, sustituye de forma arbitraria el régimen constitucional de concesiones. Según el político, este mecanismo permite que grupos irregulares actúen como intermediarios:
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Controlan la comercialización de la minería artesanal.
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Absorben los beneficios económicos antes de entregar una mínima parte a los mineros.
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Operan sin ningún tipo de supervisión técnica o ambiental.
El drenaje de recursos fuera del Estado
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la falta de transparencia en la comercialización de los minerales. De Grazia sostiene que la mayor parte de la producción extraída no ingresa al Banco Central de Venezuela, evadiendo la normativa vigente. Según su investigación, únicamente el oro proveniente de la empresa estatal Minerven —actualmente integrada en la Corporación Venezolana de Minería— llega a los registros oficiales, mientras que el resto del material circula por canales paralelos.
La situación del sector diamantífero
Respecto a la explotación de diamantes, De Grazia señaló que, a pesar de la nacionalización del sector decretada en 2006, la actividad se mantiene de manera intensiva, descontrolada y sin criterios técnicos mínimos en el estado Bolívar. El dirigente afirmó que estas áreas no están en manos de pequeñas bandas criminales, sino bajo la custodia operativa del ELN, consolidando un esquema de control territorial extranjero sobre recursos estratégicos venezolanos.
