MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — Los funcionarios del Poder Judicial uruguayo iniciaron el jueves una huelga que se prolongará al menos hasta el 24 de diciembre en reclamo de un aumento salarial de 23%.
Un comunicado de la Asociación de Funcionarios Judiciales rechazó «enérgicamente» un proyecto de ley presentado por el gobierno y votado el martes en el Senado que les otorga un aumento de 8%. El comunicado exige a la Cámara de Diputados que rechace el proyecto «por ser inconstitucional y por atentar contra las conquistas históricas del sindicato».
El conflicto nació de una desinteligencia burocrática de la administración del mandatario saliente José Mujica, quien en 2011 promovió una ley que hizo extensivos los aumentos salariales de los legisladores a los ministros del gobierno. Pero la ley, tal como fue redactada, incluyó a todos los ministros del Estado, entre ellos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Los sueldos de los jueces y funcionarios judiciales ya estaban ligados a los de la Suprema Corte.
Ahora todos los escalafones del Poder Judicial reclaman, en función de esa ley, que sus sueldos suban en el mismo porcentaje que aumentaron los de los parlamentarios desde 2011.
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, el juez Raúl Oxandabarat, dijo a The Associated Press que la cifra adeudada representa unos 2,4 millones de dólares mensuales.
El proyecto del gobierno propone pagar tres sueldos para saldar la retroactividad generada desde 2011 y desenganchar los salarios de los funcionarios judiciales de los aumentos del Parlamento. Ambos puntos son rechazados por los judiciales.
Además, el proyecto establece que el Poder Judicial deberá pagar con dinero de su propio presupuesto las condenas en su contra que incluyen compensaciones económicas.
La Suprema Corte rechazó esta medida y en un comunicado recordó que el Poder Judicial carece de autonomía presupuestaria y que sólo cuenta con los recursos que el Poder Legislativo le adjudica según las previsiones anuales. «La propuesta sin duda significará una afectación de fondos destinados por el presupuesto al cumplimiento de las finalidades esenciales de este poder del Estado, pudiendo afectar severamente su funcionamiento», dijo el comunicado.
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