BOGOTA (AP) — La ciudad portuaria de Tumaco, en el Pacífico colombiano, quedó a oscuras más de una semana a principios de agosto, luego de que las guerrillas destruyeron tres torres eléctricas en esta zona remota.
Las minas terrestres hicieron más daño todavía, demorando las tareas de restauración y matando al menos a cinco personas, incluidos dos trabajadores que intentaban reparar las torres, según las autoridades locales.
Los ataques dinamiteros a oleoductos, trenes que transportan carbón y derrumbe de torres de energía están de vuelta en Colombia.
Esos atentados, que en la década de 1990 e inicios de los años 2000 eran cosa casi diaria, son atribuidos por las autoridades a la primera fuerza insurgente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en su guerra de casi 50 años contra el Estado han tenido ambos en distintos momentos a la industria energética como objetivo militar porque consideran a las empresas extranjeras como un enemigo que explota la riqueza colombiana o porque presiona por pagos extorsivos como forma de financiamiento.
Voceros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos admiten el aumento de los atentados a la industria minero energética, la gallina de los huevos de oro de las arcas estatales representando más de 70% de las exportaciones del país y al menos 32.000 millones de dólares en ingresos anuales, sólo por venta de petróleo. Pero descartan que tales ataques estén fuera de control, que provoquen la salida de empresas multinacionales e incluso que sean la causa de que esta nación andina no llegue a su meta de producir un millón de barriles de crudo al día.
«Los terroristas aún siguen intentando (ataques) para hacerse visibles, hacer ciertas acciones limitadas, aisladas que pretenden demostrar una fuerza que el país entiende que no tienen y que por supuesto la fuerza pública, con sus planes, va a seguir trabajando para impedir», dijo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón el miércoles 12 de septiembre.
Los ataques generan intranquilidad, pero miembros de la industria y funcionarios de gobierno aseguraron a la AP que son manifestaciones de desesperación de una guerrilla que ha visto reducir su poderío armado en los últimos años, cuando también se redujeron los atentados, y esperan que las incursiones dinamiteras queden bajo control en breve e incluso aspiran a que acaben si fructifican diálogos exploratorios de paz con las FARC.
Los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC comenzarán en octubre en Oslo, Noruega, según han dicho las partes.
Pero mientras las FARC han propuesto discutir en la mesa un cese de hostilidades bilateral –y que eventualmente podría incluir la suspensión de los atentados al sector minero energético–, el presidente Santos lo ha descartado. A los generales y coroneles «les he pedido que intensifiquen su accionar. No va a haber ningún tipo de cese al fuego. Aquí no vamos a ceder nada hasta tanto lleguemos al acuerdo final y que eso quede muy claro», dijo Santos el pasado 6 de septiembre en una base militar del centro del país.
El dinero que genera la industria minero energética –que en total representa 12% del Producto Interno Bruto (PIB) del país– es clave para planes de desarrollo, desde construcción de vías y puentes, hasta casas para los sectores marginalizados. De allí que el ministro de Hacienda y ex ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, aseguró que cuando los rebeldes atacan un oleoducto o derrumban torres de energía, perjudican directamente a quienes dicen defender, o a los colombianos pobres.
La industria minero energética es una de las llamadas «cuatro locomotoras» que el gobierno de Santos ha dicho que arrastrarán el desarrollo del país. Las otras son la construcción de viviendas, las grandes obras de infraestructura y la agricultura.
El ministro Cárdenas afirmó que los atentados son episodios aislados «que de ninguna manera reflejan que haya un mayor riesgo en Colombia».
«Las compañías petroleras lo saben. Es un problema puntual que en mi opinión refleja desespero, una estrategia puramente terrorista por parte de las FARC y el ELN y nosotros tenemos toda la capacidad de controlar» sus ataques, dijo el ministro.
Los ataques, sin embargo, se están haciendo sentir: se han dejado de producir al menos 15.000 barriles de crudo por día en promedio a lo largo del 2012, dijo Cárdenas.
Destacó que el hecho que Colombia aún no cumpla su meta de producir un millón de barriles de crudo al día se debe más a retrasos en burocráticos en la entrega a las empresas de licencias ambientales, que a los atentados. Las licencias ambientales son un requisito legal para labores como la explotación de campos, en los que por ejemplo se usa inyectar agua al pozo de crudo para sacarlo y esa agua debe tener vertederos especiales, explicó el ministro.
Oscar Vanegas, ingeniero de petróleos y profesor de la Escuela de Petróleo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, donde nació la industria petrolera colombiana en los años 50, dijo que los rebeldes atacan la infraestructura energética porque «hace más visibles sus pronunciamientos» que si atacasen fincas cafetaleras o ganaderas.
No hay un cálculo exacto de cuánto cuestan los ataques anualmente, pero si se firma un acuerdo de paz, el PIB podría crecer entre uno a dos puntos y llegar a que la economía colombiana creciera anualmente de 5% a 6%, según el ministro de Hacienda Cárdenas.
Los ataques se ha reproducido como hongos y las voladuras de oleoductos subieron 253%, de los 19 de los primeros seis meses del 2011 a 67 en el primer semestre del año en curso, según datos del Ministerio de Defensa.
Los ataques a los oleoductos totalizaron 84 el año pasado, dos menos de los 86 que se reportaron en el año 2002, cuando la fortaleza armada de las FARC era indiscutible y sólo en aquel año fueron derrumbadas 483 torres de energía, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
En el 2010 fueron destruidas 39 torres y el año pasado subieron a 73, indicó el ministerio en un informe divulgado en junio pasado.
El incremento de ataques viene produciéndose desde hace al menos dos años con un recrudecimiento en el 2012 porque las guerrillas se han readaptado a la acción de la fuerza pública –retomando acciones a manos de pequeños grupos de incluso uno o dos guerrilleros y no los ataques masivos de más de 300 rebeldes que realizó en los años 90–, mientras que el Ejército ha reducido el número de sus operaciones ofensivas, aseguró Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, dedicada al estudio del conflicto interno.
Rangel dijo que, en base a cálculos propios y reportes de la prensa, en el 2003 se produjeron 1.800 operaciones del Ejército y se redujeron a unas 360 el año pasado.
El presidente Santos y su ministro de Defensa Pinzón, niegan que la fuerza pública este desmotivada o haya bajado la guardia, aunque reconoce el auge de los atentados.
De acuerdo con el gobierno, un 70% de las acciones de los rebeldes son realizadas en menos de 50 municipios del millar que tiene el país, ha dicho el ministro Pinzón.
Y a pesar de un aumento de los ataques, la joya de la corona, o el campo de mayor producción petrolera en el país, por ejemplo, ha quedado indemne de tales ataques, por ahora.
«Nosotros no hemos tenido problemas» de ataques, aseguró Federico Restrepo, vicepresidente de relaciones corporativas de Pacific Rubiales Energy, con sede principal en Toronto, la multinacional que opera junto a la estatal Ecopetrol el mayor campo de producción de crudo del país: «Rubiales», ubicado Puerto Gaitán, en el departamento de Meta y a unos 230 kilómetros al sureste de Bogotá.
El campo «Rubiales», donde hay al menos 80 pozos de crudo, genera 180.000 barriles de petróleo al día, o aproximadamente 20% de la producción nacional, indicó Restrepo.
En agosto la producción promedio de crudo de Colombia fue de 918.000 barriles por día, según los datos más recientes del Ministerio de Minas y Energía.
Por su importancia, el campo –en el que Ecopetrol tiene una participación del 65% y Pacific 35%– es custodiado por al menos 800 soldados que están radicados en el vasto complejo donde trabajan al menos 14.000 personas, dijo Restrepo.
En todo el país, al menos 5.000 uniformados custodian la red de oleoductos, torres de energía incluso los convoyes de camiones que llevan petróleo hasta refinerías, de acuerdo con el ministro Cárdenas, de Hacienda. El 12 de septiembre, el ministro de Defensa Pinzón anunció además que ocho nuevos batallones custodiarán la infraestructura del país. El ministro no dio detalles, pero un alto funcionario de gobierno dijo a la AP que cada batallón tendría al menos 1.200 hombres y que al menos tres ya están operando. El funcionario habló a condición de anonimato por carecer de autoridad para hablar públicamente de temas de seguridad.
El ministro Cárdenas dijo además que en el caso de la construcción del llamado Oleoducto Bicentenario lo están cuidando casi metro a metro, incluyendo el uso de aviones no tripulados. El Bicentenario va desde campos en Casanare y Arauca, en el oeste colombiano, hasta el puerto de Coveñas en el Caribe colombiano y se espera que tenga 960 kilómetros de extensión y pueda transportar unos 450.000 barriles de crudo al día.
Otros, a pesar también de la seguridad, admiten las dificultades de custodiar metro a metro una tubería o los rieles de un tren exportador de carbón y ven multiplicarse los atentados.
La vía férrea de la principal mina del país exportadora de carbón, que explota a cielo abierto la empresa Carbones del Cerrejón Limited, ha sufrido de enero a septiembre al menos seis ataques, más del doble de los atentados sufridos en el 2011, cuando hubo dos atentados, indicó Julián González, vicepresidente de Asuntos Públicos de la empresa.
La línea del tren de 150 kilómetros, y que también es propiedad de la empresa, se extiende desde la mina hasta el Puerto Bolívar, ambos en La Guajira, sobre aguas caribeñas, de donde sale el carbón para exportar con destino a mercados europeos como Holanda y Alemania y rumbo a Estados Unidos.
La empresa Carbones Cerrejón, que produce y exporta anualmente unas 32 millones de toneladas métricas de carbón, es propiedad de las compañías como la de capital suizo Xstrata, la sudafricano-inglesa Anglo American y la australo-inglesa BHP Billiton, la mayoría con sede en Londres, cada una con 33,3% de las acciones de Cerrejón.
«Se sabe siempre que son las FARC», dijo González sobre los ataques. Pero «en el fondo quien lo haya hecho es lo de menos, (es) gente que no quiere» el desarrollo, indicó.
Ni a Pacific ni a Rubiales, según sus ejecutivos, les pasa por la cabeza salir del país. «No tenemos ninguna intención de retirarnos del país», dijo Restrepo. «Y es que después de 8.000 millones de dólares en inversión, pues toca quedarse aquí», agregó.
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El corresponsal de Associated Press César García, en Bogotá, contribuyó a esta información.
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