NACIONES UNIDAS (AP) — Ninguno usó el término legalización o regularización. Prefirieron el más ambiguo de «políticas alternativas». Pero está claro que los presidentes de México, Colombia y Guatemala, al hablar en sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de considerar nuevas fórmulas para la guerra contra el narcotráfico, pensaban en una legalización al menos parcial de la venta y el consumo de drogas.
Los mandatarios de los tres países —Felipe Calderón, de México; Juan Manuel Santos, de Colombia, y Otto Pérez Molina, de Guatemala— fueron muy cuidadosos al hacer su llamado y no hicieron propuestas específicas. Se limitaron a decir, en tono diplomático aunque enérgico, que las políticas represivas de los últimos 50 años no estaban dando resultados y que se hacía necesario considerar otras fórmulas.
Calderón, sin embargo, lo dijo con todas las letras: «Hay que explorar específicamente alternativas regulatorias o de mercado».
Santos y Pérez Molina «suavizaron sus comentarios, aparentemente en deferencia a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero los dos han promovido abiertamente reformas fundamentales al régimen de prohibición», afirmó Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Drug Policy Alliance, organización que aboga por el estudio de políticas alternativas hacia el tráfico de drogas.
Agregó, no obstante, que «nunca antes había habido presidentes que planteasen tan claramente ante las Naciones Unidas la necesidad de un análisis serio y de una gran reforma global a las políticas contra las drogas».
«Lo más sorprendente fue el discurso del presidente mexicano», dijo Nadelmann, «que osadamente exhortó a las Naciones Unidas a hacer una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas».
«Sus comentarios pueden representar la primera vez que un discurso presidencial en las Naciones Unidas describe el sistema de control global de las drogas de ‘prohibicionista», indicó.
Allan Clear, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Harm Reduction Coalition, dijo que la propuesta de los presidentes es un «gran paso, que abre una puerta que era necesario abrir» porque las políticas que se aplican ahora en la lucha contra las droga «no funcionan».
Las organizaciones no gubernamentales que están pendientes del tema dan por sentado que el término «políticas alternativas» es sinónimo de legalización, que puede ser parcial o total. La legalización total elimina toda forma de control gubernamental, mientras que la segunda, la regulada, establece marcos estrictos para la venta y consumo.
La legalización regulada fijaría distintas restricciones, según el mayor o menor riesgo que conlleve la droga. Establecería requisitos en torno a las dosis, la publicidad, la edad del comprador y la cantidad de droga que se puede comprar, entre otras cosas.
«La regularización de la cocaína, por ejemplo, tiene que ser mucho más severa (que la de las otras sustancias). No estamos a favor de que se pueda estar distribuyendo cocaína en cualquier lado», dijo Pérez Molina esta semana al explicarle a la Associated Press los alcances de sus propuestas. «Pero si vamos a entrar al tema de la regularización, todas la sustancias deberían estar regularizadas y regularizar quiere decir que con, por ejemplo, la heroína o la cocaína, que son sustancias altamente dañinas y adictivas, pues tendrán que regularse cuáles son los procedimientos para poderlas vender, tendría que ser con receta médica o una serie de cosas, ideas, que tendrán que salir en la discusión».
La reacción inicial de la ONU a las propuestas de los latinoamericanos fue cautelosa. Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), dijo que el organismo está dispuesto a estudiar el tema, pero acotó que son los países los que deben fijar sus políticas.
«Es mejor que sean los países los que definan que quieren decir con alternativas», dijo Mazziteli.
La subsecretaria de Estado estadoundiense Hillary Clinton, cuyo país figura prominentemente en este debate por ser el principal consumidor de las drogas producidas o que transitan por América Latina, no tocó el tema al recibir el jueves a los cancilleres centroamericanos.
Las ideas que plantearon los mandatarios han ido tomando forma en el último año y ya fueron esbozadas en la Cumbre de las América de abril en Cartagena.
En marzo, Pérez Molina lanzó la propuesta de crear una corte regional para despenalizar el tránsito de la droga y pedirle a Estados Unidos que pague por el decomiso de estupefacientes. «Por cada kilo de cocaína que sea incautado, queremos que sea compensado por países consumidores», dijo el mandatario durante una conferencia de prensa. Agregó que el hecho de imponerle un pago a Estados Unidos es un acto de «corresponsabilidad», ya que el país norteamericano goza de uno de los índices más altos de consumo de drogas.
Pérez Molina pidió asimismo establecer un marco jurídico para reglamentar otros aspectos como la producción y el consumo de drogas y planteó la creación de una corte regional que «existiría mientras dure la lucha contra el narcotráfico que se circunscriba a delitos de narcotráfico y conexos».
Propuso además definir y crear un corredor de tránsito de propósito único al igual que establecer controles fronterizos para el debido registro de la droga en tránsito.
La noción de buscar políticas alternativas responde a dos inquietudes básicas: la convicción de que no se debe llenar las cárceles de personas que consumen drogas y la de que una legalización de ese negocio, parcial o total, ayudaría a eliminar el narcotráfico y la violencia que conlleva esa actividad. Calderón describió a las mafias de las drogas como «una de las mayores amenazas para la democracias en el siglo XXI» por la violencia que engendran y su capacidad de corromper funcionarios, sobre todo en países pequeños.
Irónicamente, los abanderados de la noción de legalizar de algún modo la venta y consumo de drogas son dos figuras que habían adoptado políticas bastante intransigentes en el pasado sobre este tema. Pérez Molina es un ex militar que llegó al poder con la promesa de aplicar mano dura para erradicar la violencia, mientras que Calderón se oponía firmemente a la legalización y decía que la legalización de la marihuana en California no había funcionado.
Calderón, por otro lado, le declaró una guerra total al narcotráfico en su país y apeló al ejército para combatir a las mafias de las drogas. Durante su mandato murieron más de 47.000 personas en episodios vinculados con el narcotráfico, la mayoría de ellas en ajustes de cuentas entre traficantes. En ese lapso, las autoridades dieron duros golpes a los carteles y mataron o detuvieron a numerosos capos.
Tanto Pérez Molina como Calderón, no obstante, llegaron a la conclusión de que mientras haya consumo, sobre todo en Estados Unidos, habrá narcotráfico y violencia, y de que es hora de buscar alternativas.
En el 2009 Calderón comenzó una serie de reformas radicales y anuló la detención de personas sorprendidas con pequeñas cantidades de marihuana, cocaína e incluso heroína, LSD y metanfetaminas.
«Es importante que enfrentemos el problema como lo que es: un problema principalmente de salud pública, más que un problema de justicia penal», dijo Pérez Molina ante la ONU. «Ofrezcamos tratamiento, prevención, protección social, oportunidades económicas y desarrollo para las familias y comunidades involucradas en los mercados de drogas. No llenemos nuestras cárceles y desgastemos nuestros sistemas de justicia en procesar miles de casos de jóvenes que podrían tener un proyecto de vida distinto si enfrentamos el problema de manera diferente».
«Claramente está tomando fuerza en América Latina un desafío multilateral a la guerra contra las drogas de Estados Unidos y a un fallido régimen prohibicionista», opinó Edelman. «Es previsible que los presidentes hablen con más fuerza todavía cuando se congreguen en la próxima Cumbre Iberoamericana de Cádiz a mediados de noviembre».
Portugal es el único país que legalizó el consumo de drogas hasta ahora, «y los desastres que pronosticaron los detractores (de esa iniciativa) no sucedieron», comentó el profesor de la Universidad de Kent Alex Stevens hace un par de años.
Un estudio del periodista Glenn Greenwald encomendado por el Cato Institute encontró que «la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas en Portugal», las cuales «en muchas ocasiones se encuentran ahora entre las más bajas de la Unión Europea».
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En este despacho colaboraron los reporteros de AP Romina Ruiz-Goiriena (desde Guatemala), Katherine Corcoran (México) y Eva Font (ONU)
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