“Este es un asunto que viene desde hace rato, desde 2007 el gobierno del presidente Chávez de Venezuela, ha estado creando una serie de mecanismos que se vinieron incubando incluso desde antes, desde 2006, estuvieron negociando unos acuerdos para poder venderle el petróleo a Nicaragua, pero prácticamente no era a Nicaragua porque se terminó haciendo un mecanismo de empresas privadas, en las que se creó una empresa que se llama Albanisa y esta empresa es una empresa privada a la cual el gobierno de Venezuela le envía el petróleo y Albanisa suple al estado de Nicaragua y además revende en Centroamérica al resto de los países, dejando una utilidad para la empresa que funciona acá en Nicaragua, en este caso Albanisa en Nicaragua”.
“Esto que debería ser una relación bilateral entre dos países se maneja como una relación entre dos empresas privadas, una que se crea en Venezuela y otra que se crea acá, y eso les permite evadir el marco legal y suprimir el estado de derecho en las relaciones que se realiza esta reventa del petróleo. Básicamente las utilidades no pagan impuestos y los impuestos que debían, se estima que alrededor de 10 millones de dólares han dejado de entrar en concepto de impuestos sobre las ventas por las exportaciones realizadas a El Salvador y otros dos millones de dólares en concepto de el 2% que debían pagarse a las alcaldías donde básicamente se encuentran los almacenamientos de petróleo”.
“Estamos hablando de una evasión de aproximadamente 12 millones de dólares, pero además estos 204 millones han generado utilidades que han quedado privatizadas tanto para la familia gobernante en Nicaragua como para la empresa que factura en Venezuela”.
“El Fondo Monetario que debía estar revisando estas cosas y que en algunos momentos ha insistido en hacer transparente esta relación que abarca aproximadamente unos mil millones de dólares, en forma global todas las relaciones comerciales anuales ha dejado de hacerlo y lo único que se hizo fue sacar de las cuentas del Banco Central, una cuenta de equilibrio que existía allí, que se llamaba Errores y Omisiones que subió en 2007 de 50 millones que se mantenía a 500 millones de dólares, la hicieron pasar a Inversiones Privadas. Y de esa manera se ha obviado el estado de derecho en Nicaragua, el marco fiscal y legal para las operaciones de esta reventa de petróleo que se está produciendo con utilidades que vienen a financiar los proyectos políticos de la familia Ortega”.
