BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Argentina finalmente se quedó sin margen de maniobra en un conflicto multimillonario relacionado con una deuda extranjera que no ha pagado desde que el país incurrió en una cesación de pagos récord hace una década, y lo que se juega la presidenta Cristina Fernández no podría ser mayor.
La noche del miércoles, un juez federal de apelaciones de en Nueva York ordenó a Argentina pagar de inmediato y por completo lo quienes ella ha calificado de «fondos buitres», haciéndolos responsables de muchos de los problemas de Argentina. Ello significa pagar 1.300 millones de dólares antes del plazo del 15 de diciembre.
El juez también prohibió que Argentina pague a otros tenedores de bonos hasta que obedezca este fallo, lo que pone a la mandataria contra la pared: si no paga, corre el riesgo de provocar otro impago histórico de la deuda soberana argentina, esta vez por un total de 20.000 millones de dólares.
«Difícilmente se puede considerar una injusticia el emitir fallos legales que impliquen que Argentina debe pagar lo que debe. Luego de 10 años de litigio, este es un resultado justo», dijo el juez federal de distrito Thomas Griesa.
El gobierno argentino no respondió de inmediato el fallo de Griesa, emitido justo antes de la celebración de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los mercados de bonos cerraron.
El senador argentino Agustín Rossi, quien dirige el bloque del partido gobernante en el Congreso, dijo en una entrevista con una radioemisora local el jueves que él personalmente cree que estaría dentro de las facultades del gobierno rechazar el fallo a nombre de los argentinos.
La presidenta argentina y su ministro de Economía insistieron esta semana que no pagarán un solo dólar a los demandantes. Dijeron que, en su caso, apelarían ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el juez no le dejó espacio de maniobra a Fernández, al ordenar que el dinero sea depositado en un fideicomiso del cual puedan cobrar los demandantes.
«Estas amenazas no pueden ser desatendidas», escribió el juez. «Entre menos tiempo se le dé a Argentina para hallar modos de evadirse, más garantías hay contra dicha evasión.
Si Fernández se niega, el juez dijo que el Banco de Nueva York, el cual procesa los pagos de los bonos argentinos, infringiría la orden si no retiene los pagos para los demás tenedores de bonos.
La idea cimbró los departamentos jurídicos de las instituciones financieras más poderosas de Estados Unidos.
La Reserva Federal y la agrupación Clearing House, que representa a los bancos comerciales más grandes del mundo, dijeron al juez que se asegure de que su orden no afectará el sistema estadounidense de transferencia de fondos, que en forma automática mueve un promedio diario de 2,6 billones de dólares en medio millón de transferencias entre más de 7.000 bancos.
En un documento jurídico presentado el domingo, la Fed pronosticó severas consecuencias para un sistema que cuenta con que las transferencias sean «inmediatas, finales e irrevocables» una vez procesadas. Requerir a las instituciones financieras intermedias que identifiquen, detengan y desvíen pagos según los mandamientos judiciales «impediría el uso de las transferencias electrónicas rápidas de fondos en el comercio al causar retrasos y encarecer su uso», advirtió el banco central estadounidense.
El juez restó importancia a estas inquietudes el miércoles por la noche, al decir que «si Argentina cumple con el dictamen de la Corte de Apelaciones, no habrá problema».
Como muchas otras cosas relacionadas con Argentina, esas deudas datan de la cruenta dictadura que gobernó de 1976 a 1983. La junta militar triplicó la deuda externa del país. Para 2001, la carga era insostenible y la economía se derrumbó. El incumplimiento de pagos de Argentina por 95.000 millones de dólares es todavía una marca mundial.
La deuda soberana debe en principio ser pagada sin importar quién gobernó un país, pero Fernández ha considerado siempre que esa deuda impaga es ilegítima e impuesta a los argentinos por los dictadores que actuaron en concierto con los especuladores financieros internacionales. Fernández y su predecesor y ahora finado esposo Néstor Kirchner, que asumió el cargo en 2003, nunca han hecho pagos por los bonos de la moratoria.
En cambio, ofrecieron nuevos bonos que pagaban menos de 30 centavos por cada dólar adeudado en la mora, y para 2010 el 93% de los tenedores de bonos originales aceptó el canje. El alivio en la deuda concedido por esos «bonistas del canje» le permitió a Argentina salir de una profunda crisis económica, y numerosos analistas lo han descrito como un modelo que podrían considerar Grecia y otros países muy endeudados.
Los tenedores de bonos que no aceptaron el canje, encabezados por NML Capital Ltd. — un fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer —, insistieron en el pago completo más intereses, aunque algunos habían comprado muy barata la deuda en mora ante el colapso de la economía argentina.
Desde entonces, los abogados de Singer han viajado por el mundo con la intención de lograr el embargo de activos de Argentina. Recientemente consiguieron la confiscación de la fragata argentina Libertad en Ghana como garantía de pago, pero nunca han cobrado los bonos.
La solución del juez a todo esto es obligar a Argentina para que pague a los bonistas fuera del canje una cantidad igual cada vez que realiza un pago concertado a los tenedores de bonos canjeados.
La decisión provocó un clamor de un grupo de tenedores de bonos canjeados que juntos tienen 20.000 millones de dólares en la deuda argentina reestructurada. Estos bonistas dijeron que ya han sufrido «decenas de miles de millones de dólares en pérdidas» y que no deberían ser castigados al permitir que unos pocos que no cedieron se lleven parte de sus ya escasos pagos y ganen hasta un 200% de su inversión original.
De ejecutarse la resolución, ese tipo de arreglo imposibilitará que otros países reciban un alivio crucial en sus deudas, argumentaron.
Los tenedores de bonos no canjeados respondieron: «Esas partes adoptaron una decisión empresarial de aceptar las garantías de un pronto pago en lugar de verse obligados a litigar contra la República (Argentina) en todo el mundo, como se han visto obligados a hacerlo los demandantes a un costo tremendo».
Argentina le comunicó al juez que su responsabilidad termina una vez que transfiera el dinero al Bank of New York Mellon, que a su vez les paga a los bonistas del canje. El banco, por su lado, indicó que podría sufrir demandas de todas las partes si hace algo distinto a simplemente procesar los pagos como fueron previstos originalmente.
De inmediato no hubo una respuesta del gobierno argentino el miércoles por la noche a la nueva medida del juez.
Griesa dijo que estaba adoptando la medida debido precisamente a las «declaraciones incendiarias» de funcionarios argentinos, que han prometido no pagarle ni un centavo a NML Capital Ltd.
«Es la opinión de la Corte de Distrito que esas amenazas de desafío no pueden ser ignoradas, y que es necesaria la acción», afirmó.
Argentina se está quedando sin opciones. Cualquier determinación que no sea un reembolso íntegro podría provocar que los tenedores de cualquier tipo de bonos argentinos exijan un pago inmediato y completo.
«En realidad creo que lo que buscan es provocar un impago técnico», dijo el lunes la presidenta. «¿Qué es un impago técnico? Es cuando se paga pero no a tiempo, o de la forma, o lugar. Por ejemplo, no se paga en Nueva York para que no confisquen el dinero».
Esa es la posibilidad que preocupa a los tenedores de bonos canjeados. Si Argentina se niega a pagar a cualquiera para enfrentarse a los tenedores de bonos, «la prohibición habría transformado un impago relativamente menor en un impago de cataclismo que afectará aún más la ya debilitada economía global», advirtieron.
Fernández intentó calmar la situación indicando que Argentina tiene 45.300 millones de dólares en reservas y una deuda soberana mucho menor que hace varios años.
Pero si Buenos Aires paga a los demandantes los 1.430 millones de dólares que exigen, enfrentaría otras demandas similares. Moody’s Investors Service dijo que eso podría sentar un precedente legal para otros bonistas fuera del canje que juntos tienen casi 12.000 millones de dólares en deuda impaga.
Mientras tanto, una moratoria podría perjudicar mucho a una economía que sufre ya la fuga de capitales y una elevada inflación, por lo que la agencia de calificación Moody’s considera la deuda argentina como basura, y el país tiene muy pocos lugares a los que recurrir para financiarse.
Los tenedores de bonos que no transaron culpan de esta situación a las «demandas de emergencia y la ansiedad» creadas por «la incansable mala fe» de Argentina, y pronosticaron que si a la postre no tienen otra alternativa, acudirán a los tribunales.
«No hay razón para creer — y el sentido común lo rechaza — la noción de que Argentina perjudicaría su reputación y crédito, y permitiría innecesariamente que decenas de miles de millones de dólares de deuda sean acelerados simplemente para no pagar a los demandantes 1.430 millones de dólares», dijeron.
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