Un informe confidencial de un gran jurado estatal, obtenido por la cadena CBS News Miami, concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis «malversó» $10 millones en dinero de los contribuyentes. Los fondos fueron desviados de un acuerdo judicial sobre Medicaid hacia la Fundación Hope Florida, en lo que el jurado calificó como «un esquema sofisticado para financiar actividades políticas».
Puntos clave del informe:
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El dinero estaba destinado originalmente a proporcionar seguro médico para niños de bajos recursos.
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Los $10 millones pasaron rápidamente por varias organizaciones hasta llegar a dos comités de acción política (PAC) y al Partido Republicano de Florida.
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Estos fondos se utilizaron en 2024 para derrotar la Enmienda 3, una iniciativa ciudadana que buscaba legalizar la marihuana en el estado.
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A pesar de confirmar la malversación, el gran jurado no recomendó cargos criminales porque nadie asumió la responsabilidad de la decisión ni recordó quién autorizó el desvío del dinero.
El origen de los fondos y el desvío
El caso se remonta a 2021, cuando funcionarios estatales descubrieron que la empresa de salud Centene había sobrefacturado casi mil millones de dólares a varios estados, de los cuales $67 millones correspondían al programa Florida Healthy Kids. Mientras otros estados llegaron a acuerdos rápidamente, Florida ignoró el caso durante tres años.
En septiembre de 2024, la administración de DeSantis decidió resolver la disputa de manera apresurada. El estado modificó el acuerdo para que Centene devolviera solo $57 millones a los contribuyentes y enviara $10 millones a la Fundación Hope Florida, una organización benéfica alineada con la iniciativa de la primera dama Casey DeSantis.
El gran jurado determinó que este proceso se llevó a cabo aprovechando el caos generado por los huracanes Helene y Milton para ocultar el desvío de los fondos. Jason Weida, entonces secretario de la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA), testificó que consideraba los $10 millones como un «bono», una explicación que el gran jurado rechazó contundentemente, afirmando que el dinero era parte de los daños adeudados a los contribuyentes.
Maniobras políticas y el rastro del dinero
La entonces procuradora general, Ashley Moody, estaba al tanto de los planes y autorizó a su subjefe, John Guard, a firmar el acuerdo. Guard admitió ante el gran jurado tener «preocupaciones políticas», ya que sabía que la legislatura vería esto como una limitación a su autoridad de gasto. Para evitar problemas a la oficina de la procuradora, el acuerdo fue modificado para que la responsabilidad de dirigir los fondos recayera sobre la AHCA.
Una vez que la Fundación Hope Florida recibió los $10 millones, el dinero desapareció de sus cuentas en apenas 25 días. La fundación aprobó dos subvenciones de $5 millones cada una para las organizaciones «Secure Florida’s Future» y «Save Our Society from Drugs». Aunque ambas entidades declararon en sus solicitudes que no usarían los fondos con fines políticos, el gran jurado descubrió que esto fue una caracterización falsa.
Poco después de recibir el dinero, estas organizaciones transfirieron un total de $8.5 millones a «Keep Florida Clean», un comité de acción política presidido por James Uthmeier, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del gobernador DeSantis. El PAC de Uthmeier luego envió $7 millones al Partido Republicano de Florida y $1.23 millones a otro PAC que él presidía, el Florida Freedom Fund.
Reacciones y recomendaciones
El gobernador Ron DeSantis ha evitado responder preguntas detalladas sobre quién tomó la decisión del desvío, calificando la controversia como un «engaño» y afirmando que, aunque no estuvo involucrado en el acuerdo, está «muy contento con cómo se hizo todo». Por su parte, Uthmeier y otros individuos mencionados en el informe han bloqueado su publicación durante los últimos siete meses a través de procedimientos judiciales a puerta cerrada.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el gran jurado recomendó a la Legislatura de Florida promulgar una ley que exija que cualquier dinero recibido por el estado a través de acuerdos judiciales sea depositado directamente en el Fondo General. Además, sugirieron crear leyes claras para rastrear, monitorear y sancionar el mal uso de fondos de los contribuyentes por parte de grupos externos.
(AP Photo/Lynne Sladky)