MIAMI.- Alertado por la violencia que ha distinguido un número de manifestaciones en el país, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una propuesta de ley que estaría encaminada a contrarrestar daños materiales y afectaciones colaterales, al mismo tiempo que condicionaría fondos públicos a municipalidades que no respondan a los actos agresivos o que traten de desviar recursos de las fuerzas policiales.
DeSantis planteó que la propuesta estaría encaminada a combatir lo que llamó «manifestaciones desordenadas» con penas mínimas por agravantes de seis meses de cárcel.
Y una vez que sean formalmente acusados, no tendrían derecho a fianza, entre otras normas a discutir.
De esta manera, el gobernador propone sancionar por delitos graves a quienes bloqueen el tráfico sin permiso y a quienes participen en manifestaciones que provoquen lesiones físicas o daños a la propiedad, incluyendo estatuas y monumentos.
Flanqueado por el presidente entrante de la Cámara de Representantes de Florida, Chris Sprowls, y el presidente entrante del Senado, Wilton Simpson, ambos republicanos, DeSantis propuso discutir su propuesta, que lleva por nombre Ley de protección contra la violencia, el desorden y el saqueo y la aplicación de la ley, como “punto focal”, cuando comience la próxima legislatura en marzo.
DeSantis señaló además que los municipios o condados que opten por «desfinanciar» a la Policía, o sea restar fondos a los cuerpos policiacos, como respuesta a los actos de abuso policial, que han incitado a la mayoría de las protestas; serían amonestados con un recorte de capital.
En este aspecto, Miami-Dade parece tomar distancia. No hay indicios que denoten una inclinación hacia el desvío de fondos de la Policía, aun cuando un número de residentes del condado lo pidió a la comisión legislativa local.
Incluso el alcalde condal, Carlos Giménez, rechazó la sugerencia y señaló que «la gran mayoría de la gente no está de acuerdo con quitar fondos a la Policía».
Antecedentes
En Florida rara vez se producen protestas que conlleven a daños materiales o asaltos a la propiedad privada, como sucedió en Portland y otras ciudades, tras las muertes de George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville a manos de agentes de agentes policíacos.
En Miami, a finales de mayo, piedras y botellas fueron lanzadas a la Policía. Incluso dos vehículos policíacos fueron quemados. La Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de gomas.
Además, las paredes y ventanas de varios locales comerciales fueron vandalizadas. Algunos de ellos saqueados por los agitadores, que los organizadores de la protesta pacífica aseguraron “no forman parte de ellos”.
La propuesta de ley plantea que quienes financien las manifestaciones violentas estarían sujetos a enjuiciamiento federal bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers.
“Me parece muy bien la propuesta de ley. Hay que proteger la propiedad pública y de cada cual. Solo me preocupa liberar de culpas a quien se vea atrapado en una turba y provoque un accidente”, comentó James Williams, profesor de ciencias políticas de Florida State University, en Tallahassee.
En efecto, un conductor que se vea obligado a huir de una «turba» y provoque un accidente no sería responsable de lesiones o muerte, según la ley propuesta.
“Eso sería legalizar la violencia contra los manifestantes”, manifestó Andrea Mercado, directora ejecutiva de New Florida Majority, un grupo ciudadano pro-derechos civiles, a través e un comunicado.
Asimismo, si la propuesta es aprobada, los gobiernos, tanto del estado como locales, tendrían prohibido contratar a personas que tengan antecedentes penales relacionados con manifestaciones violentas. Y las personas que sean empleados del gobierno y resulten condenados por participar en ellas podrían ser despedidas.
Fuente: DLA
