El presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.
San José, Costa Rica- La fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la Casa Presidencial y un ministerio como parte de una investigación sobre una unidad gubernamental de análisis de datos, ante sospechas de que el órgano haya violado la privacidad de las personas.
La Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos en la presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, indicó la dependencia en un comunicado, señalando que se investigan a ocho personas en el caso, incluido el presidente Carlos Alvarado.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había iniciado este lunes una investigación sobre una unidad gubernamental de compilación y análisis de datos y pidió apoyo a la Fiscalía, ante temores de que el órgano haya vulnerado la privacidad de las personas.
La defensora Catalina Crespo dijo a periodistas que la institución a su cargo pretende determinar qué tipo de información fue recopilada y con qué finalidad.
«Hay un tema de gran trascendencia nacional, que es la protección de datos personales», dijo Crespo tras reunirse con el presidente Carlos Alvarado durante dos horas para discutir el tema que implica a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La semana pasada, la publicación del decreto de la creación de la unidad despertó fuertes críticas por la posibilidad de que accediera a información considerada confidencial.
El viernes, el mismo día en que fue publicado en la Gaceta Oficial, el presidente Alvarado derogó el decreto, y el domingo ordenó suspender su actividad para facilitar la investigación de la defensoría.
Alvarado reconoció la noche del lunes en cadena nacional que «se cometieron errores» en el decreto, y que faltó explicar con claridad la misión del equipo de análisis de datos.
El mandatario citó entre las acciones de la UPAD el análisis las escuelas con mayores necesidades y una evaluación para hacer más eficiente el presupuesto público. Pero negó que la unidad accediera a información que violara la privacidad de la población.
Crespo adelantó que un equipo técnico y legal de su dependencia trabajará durante esta semana con la Presidencia para determinar si la UPAD vulneró la privacidad de los ciudadanos.
En ese sentido, indicó que pidió al Ministerio Público (Fiscalía) realizar un peritaje técnico del trabajo de la unidad.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, aseguró que el gobierno tiene las «puertas abiertas» para que la defensoría, la fiscalía u otra entidad pública investiguen las acciones de la UPAD.
Morales indicó que el trabajo realizado fue legal, con pleno respeto a la protección de la información de las personas y al interés público.
FUENTE: AFP / DLA
