Manifestación frente al parlamento británico pidió por un segundo referéndum (AFP)
El gobierno británico respondió a más de cuatro millones de ciudadanos que firmaron una petición para pedir un segundo referéndum tras el del 23 de junio, indicándoles que no habrá segunda votación.
Cada firmante del petitorio recibió un correo electrónico que suscribe el Ministerio de Exteriores en el que se dice que «el gobierno responde a la petición que han firmado». Esta solicitud popular pidió al gobierno aplicar una regla según la cual: «si un voto en favor del mantenimiento o de la salida (de la Unión Europea) está basado en menos del 60% de los votantes con un índice de participación inferior al 75%, entonces debe convocarse a otro referéndum».
La respuesta del gobierno fue directa: «Como lo dijo claramente el primer ministro en su declaración ante la Cámara de los Comunes el 27 de junio, el referéndum fue el ejercicio democrático más importante de la historia británica con más de 33 millones de personas que se pronunciaron».
«El primer ministro y el gobierno han dicho claramente que se trataba de una votación única para una generación y (…) que la decisión debía ser respetada. Ahora debemos preparar el proceso de salida de la UE y el gobierno está determinado a garantizar el mejor resultado posible para el pueblo en estas negociaciones», concluye el mensaje.
David Cameron anuncia, junto a su esposa, la renuncia a su cargo luego del referéndum (AFP)
El 23 de junio pasado 17,4 millones de británicos votaron a favor de una salida del Reino Unido del bloque regional (51,9%), contra 16,1 millones que votaron por permanecer en la UE. La participación fue del 72,2% de los ciudadanos.
El voto provocó la dimisión del primer ministro, David Cameron, cuyo sucesor será designado el 9 de septiembre por miembros del Partido Conservador entre la secretaria de Estado, Andrea Leadsom, y la ministra del Interior, Theresa May. La nueva primer ministro británica tendrá la responsabilidad de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa que determina el procedimiento a seguir en caso de abandono de la UE, y da un plazo de dos años para que el proceso sea terminado.
Fuente: AFP
