La administración estadounidense ha intensificado su estrategia de presión sobre el gobierno cubano mediante una serie de sanciones económicas y restricciones financieras, orientadas a asfixiar las fuentes de ingresos del aparato militar en la isla. Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado, defendió esta hoja de ruta señalando que la prioridad es la rendición de cuentas.
«Estamos enviando un mensaje claro a quienes todavía hacen negocios con estructuras que sostienen la represión en Cuba», afirmó Molano.
Estrategia integral de sanciones
Molano explicó que el enfoque no es solo punitivo, sino que busca impedir que el régimen utilice recursos financieros para prolongar su permanencia en el poder y financiar sus estructuras de control social. La estrategia contempla:
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Sanciones a empresas extranjeras: Advertencias directas a corporaciones internacionales que mantienen vínculos con entidades bajo control militar.
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Justicia por abusos: Un compromiso firme con la responsabilidad de quienes han participado durante décadas en la represión contra el pueblo cubano.
Al ser consultada sobre posibles medidas adicionales ante una eventual inestabilidad en la isla, la funcionaria evitó especular, pero recalcó que el Departamento de Estado mantiene una ejecución coordinada de las órdenes de la Casa Blanca para asegurar que el régimen no logre sortear las restricciones impuestas.
