La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó el martes al Legislativo reformar parcialmente la llamada Ley contra el Odio, que establece sanciones de hasta 20 años de privación de libertad para los que inciten al odio o la violencia en los medios y redes sociales.
La iniciativa se produce cuatro días después que concluyó el segundo ciclo de conversaciones formales entre delegados del Legislativo unicameral —de abrumadora mayoría oficialista— y exdiputados de la oposición (2015-2020), en las que se acordó ampliar el desbloqueo de sitios web y revisar leyes que regulan férreamente los contenidos en los medios radioeléctricos y digitales.
Activistas por los derechos humanos sostienen que esas leyes forman parte de un andamiaje legal con el que se pretende restringir la libertad de expresión e información en el país sudamericano.
Las partes se reunieron en Caracas con el propósito de diseñar una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.
La presidenta en funciones indicó que la llamada “Ley contra el Odio, por la convivencia Pacífica y la Tolerancia”, promulgada en 2017 en medio de masivas protestas callejeras en contra del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), fue “lamentablemente mal aplicada”.
Durante un acto de gobierno televisado en el estado agrícola de Portuguesa, ubicado en el centro del país, Rodríguez dijo que se hizo “uso abusivo de esa ley…. pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en relacionamiento, que no se imponga el odio”.
La ley fue aprobada por la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por aliados de Maduro, quien entonces la impulsó argumentando que era necesario poner fin a los supuestos mensajes de odio, guerra, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimían los adversarios del gobierno.
Maduro sostenía que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos. Partidos opositores y activistas de derechos humanos alertaron que la ley buscaba criminalizar la protesta pacífica.
Rodríguez era entonces la presidenta de la Constituyente y resaltaba que ese instrumento legal buscaba un castigo severo para desestimular cualquier práctica de intolerancia y garantizar la convivencia pacífica entre los venezolanos.
En una carta dirigida al Legislativo y publicada en su canal de Telegram, Rodríguez señaló previamente que la reforma busca “avanzar en la despenalización de los tipos penales previsto en esta norma” y que forma parte de acciones para “transformar el sistema de justicia penal” y favorecer el “reencuentro” y la “convivencia democrática” en Venezuela.
Fuente: Associated Press
📷 Cortesía del Ministerio de Comunicación e Información