ARCHIVO – En esta imagen de archivo del 11 de abril de 2017, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, en el centro, visita la frontera entre México y Estados Unidos con agentes fronterizos en Nogales, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Uno a uno, varios hombres mexicanos se pusieron en pie en la banca del jurado. Los grilletes tintineaban cuando los acusados se movían, incómodos, mientras se iban declarando culpables de haber cruzado la frontera con Estados Unidos de manera ilegal.
En una tranquila sala de Texas, unos 5 kilómetros (3 millas) al norte de la frontera mexicana, su abogado defensor dijo ante un magistrado federal que habían llegado en busca de empleos mejores, muchos para ganar más dinero para ayudar a mantener a sus hijos.
El magistrado, Collis White, advirtió que una admisión de culpabilidad implicaría una pena de cárcel y que no podrían regresar a Estados Unidos de forma legal en varios años. Los 15 hombres hablaron en español para decir que lo comprendían y que asumían el riesgo. Afrontaban hasta seis meses de prisión, aunque la mayoría recibió penas de unos pocos días.
Los inmigrantes tuvieron la mala fortuna de acabar en la corte más dura de Estados Unidos cuando se trata de tratar con gente que cruza la frontera de forma irregular. En otras jurisdicciones, las autoridades suelen dejar de lado los cargos penales y simplemente ordenan deportaciones rápidas. Pero desde hace una década, casi todos los detenidos cerca de Del Rio son procesados.
Esa dura estrategia es un modelo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere replicar dentro de una gran reforma que detenga la inmigración irregular, y que fue la pieza central de su campaña. Trump quiere aumentar los procesamientos a detenidos por cruzar la frontera de forma ilegal.
Hacerlo no será barato. Los casos de inmigración ya suponen más de la mitad de los procesamientos federales. Trump necesita cientos de millones de dólares más para celdas, fiscales y alguaciles que transporten a los detenidos. No está claro que el Congreso vaya a darle el dinero.
Defensores de los derechos civiles se oponen a los procesamientos, señalando que los detenidos se ven absorbidos rápidamente por el sistema legal sin oportunidad de ejercer sus derechos.
Un intento anterior de expandir la estrategia de Del Rio tuvo resultados dispares. Los procesamientos subieron al final del gobierno de Bush y en los primeros años del gobierno de Obama, pero después remitieron. Parte de ese declive se debía probablemente al descenso en los arrestos en la frontera. Pero los recursos limitados, como el espacio en las cárceles para alojar a la gente y los fiscales para instruir los casos, también influyeron.
Aun así, los miembros del gobierno de Trump han dejado claro que piensan seguir adelante. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, insistieron en ello durante sus visitas a la frontera en las últimas semanas, señalando que aquellos que entren en el país de forma ilegal serán detenidos, procesados y deportados.
El Departamento de Justicia difundió este mes un comunicado interno pidiendo a los fiscales que nombren coordinadores de seguridad fronteriza en todos los distritos judiciales.
«Esta es una nueva era. Esta es la era de Trump», dijo este mes Sessions durante una visita a la frontera en Nogales, Arizona.
En la sala del tribunal de White, en Del Rio, cada caso de cruce ilegal de la frontera se dirimió en menos de un minuto. Sólo una condena fue mayor a unos pocos días de prisión: la de un hombre que había sido deportado en 2013 y que recibió una pena de 120 días.
A todos se les advirtió que no volvieran a Estados Unidos sin autorización del gobierno.
«Si pueden encontrar una forma legal del volver, serán más que bienvenidos», dijo White a los hombres esposados, mientras un intérprete traducía al español. «Pero tiene que ser así».
La nueva campaña de procesamientos por delitos migratorios se produce después de una caída drástica en el número de personas que cruzan la frontera de forma irregular. Durante la presidencia de Barack Obama hubo un descenso constante en el número de detenciones, lo que probablemente indica que menos gente intentaba entrar en el país de forma clandestina. Y en marzo, el segundo mes completo del gobierno de Trump, los agentes fronterizos reportaron el menor número de personas detenidas en un mes por cruzar la frontera en al menos 17 años.
La inmigración ilegal tiene dos frentes en las cortes federales. Permanecer en Estados Unidos sin permiso —ya sea tras un cruce ilegal o excediendo la duración de una visa— es un delito civil, no penal. Pero los que son detenidos cuando cruzan la frontera de forma ilegal o incumplen una prohibición previa de volver al territorio estadounidense pueden afrontar cargos penales, aunque eso no suele ocurrir.
La estrategia de Del Río siguió a una iniciativa anterior de asegurar la frontera y frenar el flujo de inmigración ilegal. Antes de que se emprendiera la campaña, los agentes fronterizos de la zona detuvieron a más de 68.000 personas en un periodo de 12 meses.
Las detenciones cayeron a más de 25.000 tras el primer año. Durante la última década, las detenciones en la zona han registrado una media de unas 20.000 personas al año.
El jefe en funciones de las patrullas en Del Rio, Matthew Hudak, señaló que el esfuerzo de procesar casi a cada personas que cruza la linde ha dado un buen resultado por varios motivos.
«Las normas importan, su aplicación importa, el trabajo de los agentes importa», señaló Hudak.
Ayuda que el destacamento local de la Patrulla Fronteriza sólo cubre un distrito judicial. En otras zonas, como El Paso, los agentes suelen abarcar zonas que traspasan líneas de distritos y estados, lo que complica la coordinación de los procesos judiciales, el espacio en penales y el transporte.
Los defensores de derechos civiles han expresado su alarma por los procesos judiciales, a menudo breves, que ayudan al sistema de Del Rio a llamar la atención del gobierno.
Las personas que cruzan la frontera pueden verse procesadas e instadas a declararse culpable sin conocer las implicaciones que eso conlleva, señaló Celia Wang, subdirectora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Muchos inmigrantes pierden su oportunidad de hacer alegaciones que les permitan quedarse en el país, por ejemplo solicitando asilo.
«La gente no tiene ni idea de lo que ocurre», dijo Wang. «Se les escapa por completo».
Fuente: Associated Press
