Congreso de Florida / Foto Flickr
En un año de elecciones presidenciales cualquier otro asunto político podría pasar desapercibido, pero cuando se trata de propuestas de ley y la sesión legislativa anual del Congreso de la Florida, nadie les quiere perder pisada.
El siempre esperado cónclave, que vuelve a sumar más de mil propuestas, algunas necesarias y otras no tanto, comenzó el martes 14 y debe culminar, con normas aprobadas y presupuesto adoptado, el viernes 13 de marzo.
Presupuesto
El gran debate será reservado para la aprobación de los presupuestos, que este año asciende a 91.400 millones de dólares, eso que llamamos en inglés 91.4 billion dollars, unos 300 millones más que el año anterior.
De esa cifra, resalta la cantidad solicitada para la educación pública con 27.000.000.000 dólares, unos 900 millones más que 2019.
Asimismo, destaca el apartado de salud con 38.000.000, así como servicio de cárcel y justicia criminal con 5.000.000.000, medio ambiente, crecimiento y transporte por 14.000.000.000, gobierno genérico con 6.000.000.000 y rama judicial por 568.000.000 dólares.
Palmetto
Los legisladores republicanos Manny Díaz y Bryan Ávila proponen eliminar el cobro de peaje en la autopista 826, mejor conocida por Palmetto, para “aliviar la congestión y la frustración que tienen los choferes y los residentes de Miami-Dade».
De hecho, unos días antes de que se presentara la propuesta bicameral SB 1090/HB 829, la Comisión del Condado Miami-Dade pedía a la autoridad estatal eliminar la polémica vía preferencial “que ocasiona grandes demoras del tráfico” y también frustración a quienes no comprenden por qué hay que pagar “más y más peajes”.
Pero antes de que todo eso sucediera, ya existía el movimiento No More Tolls que propone “poner en manos del electorado el poder del peaje” por medio de un referendo. Y para ello, deben reunir primero 766.200 firmas, lo que equivale al 8% de la cantidad de sufragios en la pasada elección presidencial, que según exige la ley deben ser reunidas y verificadas para llevar a las urnas un plebiscito.
Salario para maestros
El gobernador Ron DeSantis declaró 2020 “el año de los maestros” con el propósito de sustentar su propuesta de establecer un salario mínimo para los educadores de 47.500 dólares antes de pagar impuestos.
A pesar del amplio respaldo de maestros, sindicatos y el propio gobernador, el apoyo entre legisladores y autoridades locales parece decaer cuando se menciona que necesitarán contar con casi mil millones de dólares adicionales para cumplir la meta.
Si bien cada distrito escolar establece sus propios salarios, Florida actualmente se ubica entre los estados que menos pagan a los maestros, cuando se tiene en cuenta el coste de la vida y el rendimiento del salario percibido.
En el caso de Miami-Dade, el distrito escolar más grande del estado, el electorado aprobó en noviembre de 2018 un impuesto adicional temporal a la propiedad para incrementar el salario de los maestros.
Derecho al voto
Un año después que el electorado de la Florida aprobó restituir el derecho al voto a personas que fueron convictas de delitos graves y que hayan cumplido sus condenas, los mismos legisladores que provocaron limitar esa facultad al pago de “gastos y multas pendientes”, quieren “facilitar” ahora el proceso de inscripción con un par de preguntas en el formulario.
En efecto, un juez federal dictaminó que el lenguaje aprobado en la pasada legislatura “podría disuadir a los expresidiarios a registrase” y el senador republicano Jeff Brandes, de St. Petersburg, propone una casilla en la planilla que solo pregunte “si es exconvicto o tiene sus derechos restituidos”.
Entretanto, la Corte Suprema de Florida falló que los expresidiarios deben pagar las supuestas deudas para poder votar, mientras jueces en los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Hillsborough continúan liberando a los exreclusos de las mencionadas cuentas pendientes como también pide la ley.
Armas y seguridad
Aquí se juntan dos grandes argumentos: el casi sagrado derecho constitucional de poseer armas de fuego y la vida de hijos y nietos que podrían estar en peligro.
Y aunque todos los años hay más de 400 tiroteos masivos en el país, así como cientos de muertos y heridos, la masacre del instituto de Parkland, el 14 de febrero de 2018, recalcó el peligro inminente que existe en las escuelas de la Florida.
En efecto, varias normas de seguridad fueron adoptadas en 2018 y 2019, y hoy nadie duda que las recomendaciones de la Comisión de Parkland podrían generar más regulaciones.
Mientras tanto, continúa la gestión de reunir las firmas necesarias para convocar un referendo en contra de las armas de asalto el martes 3 de noviembre.
Inmigración
Al margen de los dictámenes del Gobierno federal, cada estado decide si retiene, protege o se abstiene de enfrentar la inmigración ilegal. En el caso de la Florida la posición adoptada el año pasado es clara: prohibir las llamadas ciudades «santuario», que no existían entonces y son aquellas que sus correspondientes ayuntamientos, de forma explícita, rechazan colaborar con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de indocumentados.
No obstante, quedó pendiente la implementación del programa federal e-Verify, que comprueba electrónicamente si una persona tiene sus papeles en regla antes de ser empleado.
DeSantis ya planteó que e-Verify es una de sus prioridades en esta legislatura y que convocaría a representantes y senadores a adoptarlo para combatir “la violencia y el crimen” que supuestamente “son obras de indocumentados”, lo que fue rápidamente criticado por grupos defensores de derechos civiles.
Aborto
Si controversial es el control de armas, también lo es el aborto en menores. La propuesta de ley SB 404 pide contar con los padres de una menor que desee someterse a la interrupción de un embarazo.
La Florida no ha estado exenta del debate que produce la muerte fetal. Incluso algunas de sus leyes han sido modificadas varias veces. Ese fue el caso de una norma que pedía el permiso paternal y fue suspendida por la Corte Suprema estatal hace 30 años.
Más tarde, una ley similar también fue censurada por el tribunal estatal, aunque más tarde recobró vida a través de un referendo. Por ello y más, porque los padres son responsables de los hijos ante las leyes, muchos esperan que la propuesta de contar con ellos sea aprobada.
