Los colombianos irán a las urnas el domingo para renovar el Congreso y escoger a los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas cuyo resultado será clave para la próxima elección presidencial el 29 de mayo.
Los comicios en Colombia llegan tras una pandemia que incrementó la pobreza, el desempleo y avivó un estallido social que mostró el descontento ciudadano por las políticas del actual gobierno del conservador Iván Duque.
La abundante baraja de 18 candidatos presidenciales se decantará el domingo con el resultado de las consultas interpartidistas, un mecanismo que deja en manos de la ciudadanía la elección de un aspirante único que represente a un grupo de partidos o corrientes políticas. Los candidatos han encontrado en esta figura una forma de medir su caudal electoral antes de llegar a la primera vuelta presidencial.
“Los candidatos han aprovechado esa oportunidad para hacer una campaña presidencial desde las legislativas. Realmente esta es nuestra primera vuelta de la elección presidencial”, dijo a The Associated Press Mónica Pachón, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad de Los Andes.
Para ganar la presidencia se requiere más del 50% del total de los votos. En caso de que el 29 de mayo ninguno de los candidatos lo logre se convocará a una segunda vuelta en la que competirán los dos aspirantes que hayan obtenido más sufragios.
Hay tres coaliciones que abarcan el espectro político: la derecha con el Equipo por Colombia, la izquierda con el Pacto Histórico y el centro con la Coalición de la Esperanza.
Los analistas coincidieron en que la izquierda es en la única coalición en la que no habrá sorpresas debido a que se prevé que gane Gustavo Petro, quien lidera todas las encuestas y competirá con otros candidatos menos conocidos a nivel nacional como la líder social Francia Márquez, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero; la representante indígena Arelis Uriana y el líder cristiano Alfredo Saade.
“No hay una competencia real, pero le traería ventajas”, explicó Pachón, quien consideró que la estrategia de Petro es conseguir más escaños para su corriente política en el Congreso. Al tratarse de una lista cerrada los electores votan por todo el movimiento y no por un candidato individual, así entrarán en orden descendente quienes encabecen la lista dependiendo de los votos que obtengan. “Si va a votar por Petro, vote también por cambiar el Congreso”, dice el candidato en publicidades políticas.
Petro logró en las elecciones presidenciales de 2018 más de ocho millones de votos pero perdió en segunda vuelta contra Duque, quien alcanzó 10,3 millones de votos.
En las coaliciones de derecha y de centro la competencia parece más reñida, según recientes encuestas que acercan en intención de voto a varios aspirantes.
En la derecha lideran los exalcaldes Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa, y le siguen el exsenador David Barguil, del partido Conservador, y Aideé Lizarazo, del partido Mira.
Mientras que en la coalición de centro, opositora al gobierno Duque, lideran Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Juan Manuel Galán, hijo de un icónico candidato presidencial asesinado en 1989 por su oposición al narcotráfico, y le siguen el exsenador Jorge Enrique Robledo, el académico Alejandro Gaviria y el exgobernador Carlos Amaya.
Hay tres candidatos más que no se medirán en las consultas interpartidistas e irán directamente a la primera vuelta: Óscar Iván Zuluaga, del oficialista Centro Democrático; Íngrid Betancourt, quien hace su reaparición política luego de ser secuestrada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Rodolfo Hernández, exalcalde de una ciudad intermedia, que ha tenido un rápido crecimiento en las encuestas.
La expectativa es si las elecciones lograrán cambiar el equilibrio político en el Congreso, que actualmente tiene mayorías de partidos tradicionales que apoyan al gobierno, y catapultar a la presidencia a una figura opositora a Duque.
Miles salieron a las calles en abril de 2021 a manifestarse en contra de una reforma fiscal y pese a que fue eliminada continuaron reclamando por inconformidades históricas y el cese del abuso policial. La ONU verificó 46 muertes durante las protestas, en 28 de las cuales la policía estuvo presuntamente involucrada.
“Creo que las protestas fueron un catalizador, pero aún sin éstas la pandemia por sí sola habría puesto en el debate electoral los temas relacionados con la disminución de la pobreza, el incremento de subsidios y todas las políticas distributivas”, dijo a AP Paola Montilla, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Montilla consideró que el próximo Congreso y presidente tendrán dentro de su agenda una nueva reforma fiscal para estabilizar las finanzas del Estado. “Sería uno de los primeros temas a debatir, porque en el primer año es donde normalmente se dice que el presidente logra sacar su agenda más importante y más controversial”, explicó.
Más de 38,8 millones de colombianos están habilitados para votar el próximo domingo, la mayoría en zonas urbanas. Sin embargo, es en las zonas rurales donde es mayor el reto de garantizar la seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, hará un cese al fuego unilateral durante la jornada electoral. Sin embargo, en Colombia persisten otros grupos armados como el cártel Clan del Golfo y las disidencias de las extintas FARC lideradas por quienes abandonaron el proceso de paz firmado entre esa guerrilla y el Estado hace cinco años.
Recientemente organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron que los comicios no se podrían llevar de forma libre por presión de los grupos ilegales sobre todo en las zonas donde se elegirán por primera vez 16 congresistas para representar a las víctimas del conflicto interno.
En el caribe colombiano 17 candidatos a estos escaños renunciaron a su aspiración en protesta por la falta de garantías electorales y de seguridad. En los Montes de María, un territorio históricamente golpeado por el conflicto, movimientos campesinos y de víctimas advirtieron que prefieren que se declare la “silla vacía”, es decir que nadie ocupe el escaño, antes que elegir candidaturas que no los representarán por una posible influencia de grupos políticos cuestionados que tratarían de cooptar esas bancas.
El gobierno anunció un despliegue militar de más de 73.000 efectivos que cubrirán de manera directa puestos de votación en todo el país. Además, se cerrarán las fronteras y se prohibirá consumir bebidas alcohólicas.
Fuente: AP
