El Tribunal General de la Unión Europea ha tumbado este miércoles un recurso presentado por el Gobierno de Venezuela contra una batería de medidas pactadas por el Consejo en 2017, ya que entiende que los Veintisiete consideraron «suficientemente acreditados» los actos de represión emprendidos por el chavismo contra manifestantes pacíficos y opositores.
Las medidas en cuestión implicaban la prohibición para exportar material que pudiese ser utilizado para la represión interna, lo que derivó en el inicio de un litigio en la Justicia europea, que finalmente ha resuelto no sólo en cuanto a la forma de las disposiciones adoptadas sino también en cuanto al fondo, determinando que el Consejo Europeo sí podía entender que los castigos estaban justificados.
Así, la corte ha entendido por un lado que Venezuela no tiene derecho alguno a ser oída antes de la adopción de «medidas controvertidas», ya que «vaciaría de contenido» el objetivo final de las sanciones contra un determinado país: «Ejercer presión sobre él con el fin de provocar un cambio en su comportamiento. Tampoco cree que sea necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o que se violen acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por otra parte, el tribunal concluye que Caracas sabía de antemano los hechos que se le imputaban y no puede apuntar «inexactitud material de los hechos», ya que «el Consejo se basó en información fidedigna y fiable para apreciar la situación en Venezuela, sin que este país haya demostrado que los hechos invocados adolecieran de inexactitudes materiales».
«El Consejo pudo considerar que, en la fecha de adopción del Reglamento impugnado, los actos de violencia y el uso excesivo de la fuerza, así como las violaciones de los Derechos Humanos y el menoscabo de la democracia en Venezuela estaban suficientemente acreditados, y que existía el riesgo de que esos incidentes se reprodujeran en el futuro», reza el comunicado emitido tras la sentencia.
Tal es así, que el Consejo estaba en su derecho de determinar, «sin incurrir en error manifiesto de apreciación», que «en Venezuela se estaban menoscabando la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos», según los jueces.
Fuente: Europa Press
