El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales.
El gobierno federal es el responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración. Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes criticó la medida y pidió la rápida intervención del gobierno del presidente Joe Biden, que no ha emitido comentarios sobre la orden de Abbott.
Durante más de un año, Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura. Abbott no fue tan lejos el miércoles como para autorizar a los policías del estado ni a los miembros de la Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de los puertos de entrada para dejarlos en México. Eso ha decepcionado a exfuncionarios del gobierno del expresidente Donald Trump que lo han presionado para que lo haga.
Se desconoce cuál será el impacto de la orden, incluyendo qué tan extensivamente será aplicada y bajo qué circunstancias. Pero la autoridad descrita por Abbott equivaldría a una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza y, en algunos casos, han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada.
Entre las interrogantes que la medida genera está el entrenamiento con que cuentan las fuerzas estatales para detener y transportar a migrantes. Expertos jurídicos prevén que enfrente impugnaciones en las cortes.
Los cruces ilegales se encuentran en su nivel más alto de las últimas dos décadas, o cerca de él. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523.000 cruces ilegales entre enero y mayo, comparados con 417.000 cruces de ese mismo periodo hace un año.
Abbott ha culpado de ello al gobierno de Biden y ha gastado más de 3.000 millones de dólares de fondos estatales en un mecanismo masivo de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo de migrantes.
“Mientras los desafíos en la frontera sigan incrementándose, Texas continuará tomando medidas para hacer frente a esos desafíos provocados por el gobierno de Biden”, declaró Abbott.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron de momento una petición de comentarios.
Al rechazar la medida del gobernador, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un comunicado que la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, y dijo que la acción de Abbott sólo «se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas”.
México reiteró el compromiso de protección de los derechos humanos de sus connacionales e indicó que la cancillería, a través de su red de consulados en Texas, “estará atenta para responder a cualquier violación de estos por parte de las autoridades estatales”.
Laurence Benenson, del grupo activista Foro Nacional de Inmigración, dijo que prevé que haya impugnaciones jurídicas al hecho de que Texas esté intentando establecer su propia política para controlar la inmigración, lo cual entra en conflicto con precedentes legales de que eso es responsabilidad del gobierno federal.
Dijo también que no está claro cómo es que los policías de Texas detendrán a personas basándose solamente en que carecen de estatus legal, sin que hayan cometido un delito. Los intentos por ampliar los poderes del estado para aplicar políticas de control de la inmigración han fracasado en el pasado, incluyendo una ley de Arizona que fue derogada por la Corte Suprema en 2012 cuando el juez Anthony Kennedy escribió que “el estado no puede aplicar políticas que socaven la ley federal”.
El máximo tribunal anuló recientemente una demanda de Texas y Missouri que pretendía impedir que el gobierno de Biden pusiera fin a una política de la época de Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México mientras se sopesa su solicitud. Ese fallo, dijo Benenson, ratificó el papel del gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.
“Existe un reconocimiento de que no queremos abrir las compuertas de la represa de permitir que los estados establezcan 50 políticas distintas para hacer respetar las leyes de inmigración”, declaró Benenson.
Abbott anunció la orden en un comunicado y su oficina no respondió a preguntas sobre cómo sería implementada.
El anuncio se realizó dos días después de que exfuncionarios del gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas exhortaron a Abbott a declarar lo que dicen es una “invasión” y utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra. Su plan involucra una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México, sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales.
La idea existe desde hace años en los sectores más derechistas del Partido Republicano, pero ha cobrado fuerza entre los conservadores desde que Biden asumió la presidencia.
El Centro para la Renovación de Estados Unidos, una institución de investigación de políticas conservadoras encabezada por exfuncionarios del gobierno de Trump, ha estado impulsando esos intentos, y criticó la orden de Abbott, ya que no pide la expulsión de migrantes.
“Eso es crucial. De otra forma esto sigue siendo atrapar y volver a liberar”, manifestó el grupo en un comunicado.
Las autoridades estadounidenses están deteniendo a migrantes en la frontera sur con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas. Hubo 240.000 detenciones de migrantes en mayo, un incremento de un tercio en comparación con el año pasado.
Las comparaciones con los niveles previos a la pandemia del COVID-19 son complicadas porque los migrantes expulsados bajo una autoridad de salud pública conocida como Título 42 no enfrentan consecuencias jurídicas, lo que los alienta a volver a entrar. Las autoridades dicen que 25% de los encuentros en mayo fueron con personas que habían sido detenidas al menos en una ocasión en el año previo.
El grupo activista RAICES, que proporciona servicios jurídicos a familias de inmigrantes y refugiados, dijo que la medida de Abbott es una extralimitación de poder y exhortó al gobierno de Biden a intervenir.
Fuente: AP
