El Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el suroeste de Colombia, fue incendiado este martes (25.05.2021), después de una jornada de protestas que acabaron en fuertes disturbios y violencia.
Según informes y videos difundidos por la Policía, las llamas han arrasado buena parte del tejado y el segundo piso de la institución judicial de esta ciudad, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional.
«Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito», consideró el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, quien condenó el ataque.
Se desconoce aún quién o quiénes están detrás del incendio que el Cuerpo de Bomberos intenta apagar, aunque su llegada fue dificultada por la situación de descontrol que reina en la zona y por un grupo de gente que, entre arengas y con el rostro cubierto, se encontraba en las inmediaciones del Palacio.
Tuluá vivió momentos muy tensos con enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de manifestantes, en una nueva jornada de las protestas que se suceden en todo el país desde el 28 de abril y que dejan 43 muertes.
Cali, la región del Valle del Cauca y el vecino Cauca -muy afectados por la violencia de grupos armados, la pobreza y el desempleo- han sido el epicentro de gran parte de este malestar social que se ha evidenciado en las protestas. También, en esa zona, se han producido los mayores actos de violencia, denuncias de saqueos y destrucción de inmobiliario urbano por parte de algunas personas, así como del uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.
Nuevas víctimas fatales
Estos hechos se producen después de que el 24 de mayo se denunciara, en esta misma ciudad, la muerte por heridas de arma blanca de cuatro jóvenes, uno de ellos adolescente. Según el Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ), dos de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el 23 de mayo cuando se dirigían de un caserío vecino a la zona urbana.
INDEPAZ dijo además que la comunidad denuncia que circulan en los últimos días panfletos amenazando a quienes cierran las vías, ya que en el departamento del Valle del Cauca y en las carreteras que conectan con Cali es donde se están viviendo los bloqueos más fuertes y prolongados desde el comienzo de las protestas. En las zonas rurales de Tuluá hay presencia de grupos armados como disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el Clan del Golfo (la mayor banda criminal de Colombia) o las paramilitares Águilas Negras.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró este martes (25.05.2021) la relevancia de realizar «a la brevedad posible» una visita de trabajo a Colombia, un país sacudido desde fines de abril por masivas protestas que han generado alarma internacional.
«La CIDH reconoce la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano y enfatiza la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible», señaló la entidad tras reunirse con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. En un comunicado, la Comisión «expresó preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza y denuncias de violencia sexual» y dijo que «seguirá monitoreando» los sucesos en el país sudamericano.
La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del Gobierno de Iván Duque para evaluar in situ la situación de derechos humanos en Colombia, pero, de gira esta semana por Estados Unidos, Ramírez no consideró que por ahora sea pertinente. «En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea», afirmó el 24 de mayo a periodistas en Washington, tras conversar con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien también elevó una solicitud de visita.
Ramírez destacó la iniciativa del Gobierno de Iván Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Período de Sesiones de la Comisión. «¡El país siempre cooperará con este organismo!», tuiteó la funcionaria.
«Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información», prometió Ramírez.
Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de «personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas». Agregó que también recibió informes de «agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado».
Este martes, la entidad expresó que «encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida».
Fuente: DW / ama (efe, afp, el país, semana, rcn, opinión caribe)