Duque volvió a tildar de “vandalismo criminal” los actos violentos registrados durante las protestas

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El presidente de Colombia, Iván Duque, continua, de forma tajante, expresando su rechazo a la violencia dentro del marco del paro nacional que se ha realizado en el país durante los últimos días. El mandatario asegura que hay diferencias entre protestas pacíficas y lo que se ha visto recientemente en las calles, que deja varios heridos, muertos y destrucción a la propiedad pública y privada.

El mandatario lamentó principalmente los heridos que se han registrado en las últimas horas y que hacen parte de la fuerza pública del país. Según datos de la Policía Nacional, en cinco días de marchas ha resultado un uniformado muerto y 506 heridos, de los cuales la mayoría presentan contusiones, 60 fueron atacados con arma cortopunzante, siete tienen fracturas y uno recibió una bala. De estos, 21 uniformados están hospitalizados.

También se reveló que hay daños materiales, entre los que se destacan 36 CAI (vandalizados, 18 CAI totalmente destruidos; daños en 20 vehículos institucionales, incineración de 20 buses de transporte público, vandalización de 87 bancos y 254 locales de comercio. Así mismo, fueron dañados, por los vándalos, 12 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte, 27 cajeros, 2 gobernaciones y 29 cámaras de fotomulta. Todo ello “sin contar las millonarias pérdidas que dejaron los saqueos en 52 establecimientos comerciales saqueados”.

Lo que no ha sido revelado, ni mencionado, por el Gobierno, son las personas presuntamente violentadas a manos de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Esta información está siendo contabilizada por la ONG Temblores, que en su ultimo reporte asegura que entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 10:00 a. m. del 3 de mayo de 2021 se han registrado más de 1.181 casos de de violencia policial.

En medio de su intervención, el presidente aseguró que las movilizaciones están entorpeciendo el proceso de vacunación y abastecimiento de víveres de las comunidades.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que desde el Gobierno del presidente Duque se asegura que las movilizaciones sociales están afectando el proceso de vacunación en el país. Desde el inicio de las protestas, el pasado 28 de abril, el Ministerio de Salud (MinSalud) aplazó un día el recibimiento de un nuevo lote de vacunas de Pfizer y la distribución de vacunas de Sinovac argumentando que los bloqueos viales, derivados de las marchas, podrían poner en riesgo la cadena de refrigeración de los biológicos.

A pesar del argumento entregado, un sector de los colombianos aseguró en ese momento que el anuncio se hizo como una forma de manipulación para que cesen las protestas.

“Lo que están haciendo la Gobernación del Valle y MinSalud con las vacunas es chantaje. Ahora dicen que el Estado no puede traer las vacunas porque el mismo Estado no es capaz de controlar a los vándalos ¡Con la vida no se juega!” — Juan Reyes Kuri, Representante a la Cámara por el Valle.

“Las vacunas son vida. Con la vida de las personas no se extorsiona” — Rodrigo Lara, senador

“Eso es castigo. Este gobierno es una porqueria. Lleno de malas personas, del presidente para abajo”, — Laura Gil, reconocida politóloga.

Ante las acusaciones, el Gobierno nacional sustentó que no tiene segundas intenciones y reprogramó las distribuciones de vacunas con apoyo del Ministerio de Defensa.

Renuncia ministro de Hacienda tras protestas

El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció el lunes tras cinco días de protestas contra una reforma fiscal en las que murieron al menos 17 personas.

El presidente Iván Duque retiró la propuesta la víspera en respuesta a las manifestaciones, que han incluido disturbios y enfrentamientos violentos con la policía.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 16 manifestantes han perdido la vida desde el miércoles, así como un policía que murió apuñalado.

Carrasquilla había diseñado la reforma fiscal, con la cual se pretendía recaudar 6.700 millones de dólares que el gobierno dice requiere para pagar deudas mientras intenta subsidiar a familias pobres para mitigar el impacto de la pandemia.

El plan del ministro de Hacienda incluía un impuesto del 19% a la gasolina, así como una iniciativa para ampliar la base tributaria al cobrar impuesto sobre la renta a las personas que ganan el equivalente a 700 dólares mensuales o más.

Carrasquilla también había propuesto un impuesto del 19% a los servicios públicos que reciben los vecindarios de clase media, y un gravamen a la riqueza para los individuos cuyo patrimonio equivalga a 1,3 millones de dólares o más.

El gobierno dijo que necesita el dinero para financiar mejoras a los servicios de salud y para mantener la entrega de un ingreso básico que implementó por causa de la pandemia.

Pero la mayoría de los partidos políticos —que se preparan para elecciones este año— rechazaron el plan fiscal, y también molestó a sindicatos, grupos estudiantiles y operadores de pequeños negocios cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis de salud. Los manifestantes le pidieron al gobierno que incremente los impuestos a las empresas y disminuya el gasto militar en lugar de gravar a la clase media.

Sergio Guzmán, analista político en Bogotá, dijo que la renuncia de Carrasquilla podría envalentonar a los manifestantes para quedarse en las calles hasta que el gobierno atienda otras exigencias, como una reforma policial o detener los planes de fumigar los cultivos ilegales de coca con una sustancia química que podría ser cancerígena. Hizo notar que el presidente colombiano no tiene muchas opciones, salvo negociar sobre impuestos con distintos grupos políticos y sociales.

“El problema es que Duque ahora tiene poca credibilidad», señaló Guzmán.

El mandatario exhortó el domingo a los políticos a unirse y diseñar otro plan fiscal.

«Retirarla o no retirarla (la reforma) no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó Duque en un discurso televisado a nivel nacional.

Fuente: Infobae / AP