Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
El nuevo acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC fue «ajustado, precisado y aclarado» con respecto al firmado en Cartagena, según explicó en su alocución el presidente Juan Manuel Santos, tras discutir con la guerrilla cientos de propuestas de los sectores que se opusieron al documento inicial.
Aunque el texto todavía no ha sido difundido para hacer una comparación detallada, el jefe del equipo negociador de la guerrilla, Iván Márquez, explicó que el acuerdo incorpora al menos 65 por ciento de las propuestas de los representantes del «No» en lo referente al tema de Jurisdicción Especial para la Paz (la justicia transicional) y casi el 90 por ciento en temas de equidad de género, un asunto que despertó la oposición de sectores religiosos.
Sin embargo, no se modificó la posibilidad de participar políticamente para los jefes guerrilleros, una polémica que llegó a la aparición de carteles que decían «Timochenko presidente», por la viabilidad de una candidatura del líder de las FARC.
Por su parte, Santos aclaró que el partido de las FARC no podrá inscribir candidatos para las 16 curules transitorias en la Cámara destinados a las regiones afectadas por el conflicto.
Así, Santos indicó que se lograron precisiones y cambios «en 56 de los 57 temas abordados» en las negociaciones en La Habana, realizadas con prisa, según admitieron las partes involucradas, para evitar el desgaste coyuntural ante el limbo generado por la derrota del «sí» en las urnas.
En su discurso, además, el presidente también adelantó que el acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución, hecho criticado en repetidas oportunidades por su antecesor, Álvaro Uribe. «Solo se incorporarán al bloque de constitucionalidad los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución», explicó Santos.
A su vez, la Corte Constitucional podrá revisar las decisiones de la justicia transicional, que no podrá estar integrada por jueces extranjeros, aunque sí podrán participar en calidad de asesores.
También, la guerrilla deberá declarar todos sus bienes y entregarlos para que formen parte de la reparación a las víctimas. En el plano económico, se decidió reducir en 30 por ciento el financiamientodestinado al partido político que derive de la guerrilla, un fondo acordado para que compita «en igualdad de condiciones con los demás partidos».
Los guerrilleros desmovilizados deberán ahora informar exhaustivamente las informaciones que tengan sobre el narcotráfico y los datos que dispongan en cuanto a atribución de responsabilidades.
A su vez, acerca del cumplimiento de las eventuales condenas, la restricción efectiva de la libertad (una pena alternativa a la prisión para aquellos que confiesen sus crímenes) será en un espacio de no mayor de «una vereda» (un tipo de subdivisión rural que suele contar con unos 100 habitantes), con horarios o plazos aún no determinados.
En cuanto a la equidad de género, el Gobierno informó que «se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente, ni siquiera de manera sugerida». Sin embargó, también resaltaron que se busca asegurar «que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos».
De la recepción que tenga el nuevo documento, que será difundido este domingo y entregado a representantes del «No», dependerá la viabilidad y el camino que elija el mandatario para su implementación. Entre los caminos que se mantienen como opción, está la convocatoria de un nuevo plebiscito, un trámite por el Congreso, algún modo de refrendación popular como comités populares o un gran pacto nacional con los principales actores políticos.
Fuente: Infobae
