Está extendido en todo el Condado Miami-Dade el fraude contra la exención de impuesto a quienes son dueños de bienes inmuebles, según lo dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS el tasador de la propiedad, Pedro García.
Dicho beneficio, instituido en 1994, le da la posibilidad a quien resida en una casa o apartamento de no pagar 50.000 dólares sobre el gravamen de su propiedad, es decir, sobre el avalúo que hace la oficina del tasador. Por ejemplo: si dicho avalúo es de 200.000 dólares, el propietario debe pagar 150.000 dólares. Pero si esa misma persona compra una segunda casa, no puede obtener la exención, al igual que si arrienda la propiedad donde residía.
En todos los vecindarios del Condado Miami-Dade se comete este fraude. Según estadísticas del tasador, entre 2007 a julio de 2015, el Condado ha recuperado más de 95 millones de dólares de residentes que hicieron trampa para obtener un beneficio que no les correspondía.
Por lo tanto, es una práctica que se ha instalado en muchos residentes a quienes, como dice García, no les importa afectar a los demás con tal de ganarse unos dólares. “A la persona que comete ese fraude nosotros le cobramos, por todo lo que dejó de pagar, 50% de más con un 15% de intereses y podemos ir hasta diez años atrás. Propietarios que pretendieron ahorrarse 8 o 10 mil dólares, resultaron, por las penalidades impuestas, con una deuda de 50, 60 u 80 mil dólares”, advirtió García.
Los que juegan sucio no saben, o si lo saben creen que van a poder engañar al Condado de manera indefinida, que la deuda que se les acumula deben pagarla por completo si quieren vender su propiedad, refinanciarla o utilizarla como prenda de garantía de un préstamo o hipoteca.
De acuerdo con García son muy pocas las posibilidades de poder negociar la penalidad impuesta. “Puede existir algo de reducciones si comprobamos que la oficina cometió un error. Por ejemplo, alguien que notificó que un beneficiario falleció y no encontramos ese archivo para hacer el cambio del título. Se puede negociar, quitar intereses y penalidades. De lo que no se salva es que debe pagar la diferencia de lo que tenía que pagar y no pagó”.
García y la fiscal Katherine Fernández Rundle llegaron al acuerdo de que este aprovechamiento de los residentes de un beneficio que busca proteger sus propiedades, mediante una reducción de 25.000 o 50.000 dólares del gravamen de la propiedad, no será considerado un delito criminal, a menos que haya casos extremos.
Las reglas son muy claras. No tienen derecho a ese beneficio, además de quienes arriendan su propiedad, los que ya no residen en ella de manera permanente; si tiene exención en otra propiedad; si el esposo o esposa, por su lado, ya es objeto de esa exención; si un propietario recibe un beneficio tributario en otro estado basado en su residencia permanente en él y, finalmente, si muere la persona beneficiaria de la exención.
Hay una línea directa (305-375-3402) que cualquier ciudadano puede utilizar para, de manera anónima, reportar si alguien está haciendo uso de la exención de manera ilegal.
Unidad de investigación
En la actualidad, la oficina del tasador tiene una unidad especial de investigación dedicada de lunes a viernes a detectar este fraude.
Son 16 personas de esa agencia más seis oficiales de la policía del Condado Miami-Dade, las que están tratando de recuperar unos dineros que le pertenecen a la comunidad. “En promedio estamos recuperando en gravámenes, al mes, 2 millones de dólares”, explicó el tasador de la propiedad.
En un comunicado la oficina del tasador informó que la ley del estado requiere que el propietario envíe su número de seguro social para recibir la exención. “Cerca de 4.500 propietarios se opusieron a dar esa información a la oficina del tasador. Le dimos a esos propietarios varias oportunidades para cumplir con ese requerimiento pero nuestro pedido fue ignorado”.
Después de una carta que envió García en el pasado mes de enero, 1.600 de los 4.500 se rehusaron a ofrecer su número de seguro social.
Esa batalla por recobrar dineros producto del fraude, ha tenido sus resultados: se han recuperado más de cuatro millones de impuesto a la propiedad. Tres millones provienen de 197 millones del avalúo de todas las propiedades de esas personas que finalmente aportaron su información. Y más de un millón de dólares corresponde a penalidades impuestas sobre esas propiedades.
Esta tarea de no sólo hacer cumplir las normas de exención de impuestos sino de perseguir y castigar a quienes las violan, se ha convertido en una prioridad para el tasador de la propiedad. Desde su perspectiva, “el problema principal con esta gente que no están pagando de manera correcta los impuestos, es que afecta a todas las personas que están pagando los impuestos. Al dejar ellos de pagar, aumentan los impuestos a las otras personas, porque no están cumpliendo con sus obligaciones”.