BUENOS AIRES (AP) — El vicepresidente argentino Amado Boudou se presentará el lunes ante un juez para ser indagado como sospechoso de haber adquirido de forma irregular una imprenta de billetes con el fin de beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.
El funcionario está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El juez federal Ariel Lijo investiga las maniobras ilícitas que presuntamente cometió el ahora vicepresidente junto con dos socios cuando era ministro de Economía para rescatar y adquirir en 2010 a la quebrada Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir papel moneda.
No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones.
Boudou informó oficialmente a Lijo que grabará la audiencia de las 14:00 GMT. «Con la intención de no retrasar el acto y de no alterar la organización del juzgado, le adelanto que se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción», sostiene el escrito presentado por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou.
El vicepresidente dijo que quiere dar publicidad al encuentro con el juez porque no confía en él y porque éste supuestamente filtró información en su contra a la prensa. El magistrado afirmó hace pocos días que no se puede televisar la indagatoria. El código procesal señala que el sumario es público para las partes involucradas pero secreto para los extraños.
«Hoy estaré llegando alrededor de las 11 (hora local) para ver si podemos arrojar luz y que el pueblo pueda ver esta audiencia», afirmó Boudou a Radio Provincia.
El delito imputado al funcionario está castigado con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Como la pena mínima es de un año, el juez no puede ordenar su detención preventiva en caso de procesarlo.
El vicepresidente afirma que las acusaciones en su contra obedecen a una maniobra de grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín y La Nación, críticos con el gobierno y a los que acusa de controlar a magistrados federales.
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