BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Dos ex secretarios de Transporte y los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires fueron procesados el viernes en el marco de la causa judicial que investiga el accidente ferroviario ocurrido en febrero que causó 51 muertos y más de 700 heridos en esta capital.
Los procesados por el juez Claudio Bonadío son los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), antigua concesionaria de la línea de ferrocarril Sarmiento en la que una formación se accidentó el 22 de febrero.
Los ex secretarios están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la supuesta falta de control sobre las condiciones en que la línea ferroviaria Sarmiento prestaba el servicio. Los hermanos Cirigliano están imputados de asociación ilícita, administración fraudulenta y descarrilamiento agravado, dijo a The Associated Press un secretario de Bonadío bajo condición de anonimato por ser esa la política del juzgado.
Marco Antonio Córdoba, maquinista del tren siniestrado en la estación Once de Buenos Aires, fue sobreseído. Córdoba sostuvo en sus declaraciones ante el juez que el sistema de frenos de la formación no funcionaba bien. En total, fueron procesadas 23 personas –entre ellas otros ex funcionarios y ex directivos de TBA– que pueden apelar a la Cámara Criminal Correccional Federal.
Además el juez trabó un embargo de 600 millones de pesos (126,5 millones de dólares) al Grupo Cirigliano, dijeron medios de prensa.
El tren accidentado iba colmado de pasajeros y chocó temprano en la mañana contra el paragolpes de la estación en lo que constituyó una de las más graves tragedias ferroviarias en la historia de Argentina. En los últimos años TBA estuvo involucrada en varios accidentes.
Schiavi era secretario de Transporte cuando se produjo el accidente y renunció dos semanas después del hecho, mientras que Jaime condujo la política de transportes entre 2003 y 2009. Jaime también está procesado en la justicia por supuestamente haber recibido dádivas de empresarios del área de transporte que lo habrían invitado a realizar viajes de placer.
El accidente en la estación Once de Buenos Aires generó una oleada de críticas contra TBA y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández por aparentemente haber ignorado las constantes advertencias de fallas en el sistema de seguridad de los ferrocarriles de esa y otras empresas concesionarias.
Tres meses después de la tragedia el gobierno retiró a TBA la concesión del servicio de dos líneas de ferrocarriles, entre ellas la Sarmiento, protagonista del accidente.
En junio un fiscal pidió los procesamientos de más de 30 personas identificando como presuntos responsables del siniestro al Grupo Cirigliano y los funcionarios públicos que tenían injerencia en el control del funcionamiento y los fondos aportados al concesionario.
Cientos de miles de personas utilizan a diario los ferrocarriles que unen la capital argentina con ciudades de los alrededores.
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