La jueza federal de distrito Patricia Millett dictaminó el lunes que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración excedió su autoridad y malinterpretó las normas federales sobre “carga pública” al intentar castigar a las familias por el uso previo de beneficios y no permitir que los solicitantes respondieran a las inquietudes.
“El Congreso ha ordenado que cualquier determinación de admisibilidad basada en la probabilidad de que una persona se convierta en una carga pública debe basarse en la totalidad de las circunstancias”, escribió Millett en su fallo de 59 páginas.
“Sin embargo, la agencia ha adoptado en cambio un enfoque más restrictivo para negar la admisión a no ciudadanos por motivos de carga pública. En lugar de la evaluación individualizada que exige la ley, se han aplicado restricciones categóricas sobre quiénes pueden obtener la admisión a Estados Unidos”.
La determinación de carga pública busca identificar a los inmigrantes que podrían depender del gobierno para su sustento, y el gobierno federal puede negarles el estatus legal si considera probable que dependan de la asistencia pública.
La administración de Trump ha intentado ampliar las restricciones a los inmigrantes que reciben asistencia del gobierno, una medida que defensores de inmigrantes señalan que tiene un efecto disuasorio que desalienta a las personas a solicitar ayuda.
La denuncia, presentada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), entre otros, impugnó la directiva de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitida en septiembre de 2025 que ampliaba el alcance de una norma de 1999 que define quién es considerado una carga pública.
NILC presentó la denuncia en representación de personas y organizaciones que ayudan a inmigrantes, incluidas dos que ayudan a personas que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y del programa de seguro de salud para niños Medicaid.
La demanda señala que el gobierno de Trump amplió indebidamente la directiva al considerar beneficios como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y los beneficios del programa Medicaid.
“El tribunal dictaminó claramente que el USCIS excedió su autoridad y violó la ley con su directiva de carga pública”, indicó en un comunicado Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Este fallo es una victoria para las familias inmigrantes y envía un mensaje claro: este gobierno no puede castigar a las personas por buscar la ayuda que necesitan para alimentar a sus familias”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
Fuente: MORIAH BALINGIT/Associated Press
(AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)