El analista político y académico José Vicente Carrasquero afirmó de manera categórica que la reconstrucción de las infraestructuras devastadas por los terremotos en Venezuela debe ejecutarse bajo estrictos criterios de ingeniería, transparencia administrativa y auditoría internacional, advirtiendo que la atención de la emergencia no puede transformarse en una excusa para congelar los cambios políticos que el país requiere.
Durante una entrevista con los periodistas Carlos Acosta y Agustín Acosta, Carrasquero reveló que informes técnicos y geológicos elaborados hace varios años ya alertaban sobre las limitaciones y riesgos del suelo en las franjas costeras afectadas, cuestionando severamente que las administraciones anteriores ignoraran las recomendaciones para promover urbanismos masivos en terrenos vulnerables.
“Lo primero que hay que analizar es qué se va a reconstruir y para qué se va a utilizar ese territorio. Si se vuelve a construir de la misma manera sobre un suelo con limitaciones, se estará sembrando un nuevo desastre”. — José Vicente Carrasquero.
Transparencia y gerencia internacional contra la corrupción
Como mecanismo para blindar los recursos y evitar la utilización político-clientelar de la asistencia destinada a las familias damnificadas, el analista propuso una fórmula donde los proyectos de reconstrucción e infraestructura sean administrados y ejecutados de forma directa por las agencias internacionales y los países cooperantes.
Carrasquero insistió en la urgencia de sembrar una cultura de rendición de cuentas en la ciudadanía, recordando que los fondos públicos pertenecen a la nación y no constituyen favores políticos del partido de gobierno. «El dinero que administra un gobierno es dinero de los venezolanos. Los ciudadanos deben exigir que los recursos se utilicen para las funciones del Estado y no verlos como una dádiva», puntualizó.
Reformas institucionales impostergables
A pesar de la magnitud de la catástrofe humanitaria en el litoral, el politólogo argumentó que la renovación del andamiaje institucional es impostergable para dotar al país de la seguridad jurídica necesaria de cara a la reconstrucción integral.
En este orden, consideró prioritario avanzar en los procesos de reforma de los poderes públicos del Estado:
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Renovación del Poder Legislativo: Actualización y legitimación de la Asamblea Nacional.
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Garantías Electorales: Reestructuración profunda del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Seguridad Jurídica: Renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A juicio de Carrasquero, un eventual gobierno de transición democrática contaría con mejores credenciales y mayor confianza internacional para coordinar el financiamiento extranjero, contrastando esta visión con el severo deterioro de los servicios públicos y la falta de grandes obras que caracterizaron la gestión del oficialismo durante las últimas décadas.
