Una nueva ofensiva legal de carácter federal apunta contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para poner fin a la parálisis que mantiene en el «limbo» a miles de solicitantes cubanos. Según reveló la abogada de inmigración Claudia Cañizares en declaraciones a Telemundo 51, se estima que más de 100,000 casos de residencia permanente (Green Card) se encuentran actualmente estancados sin una fecha de resolución a la vista.
El impacto del «paréntesis» migratorio La demanda, liderada por Cañizares y el abogado Mark Prada, surge como respuesta a lo que califican como un daño económico y legal sostenido. Muchos de estos solicitantes no solo han visto frenada su regularización bajo la Ley de Ajuste Cubano, sino que han enfrentado la denegación de permisos de trabajo mientras sus casos permanecen en pausa indefinida por parte de la administración federal.
¿Quiénes pueden unirse a la acción legal? La demanda está dirigida específicamente a ciudadanos cubanos que ingresaron legalmente al país y que no se encuentran bajo detención migratoria. Los grupos elegibles incluyen a quienes entraron mediante:
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Programa de Reunificación Familiar.
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Parole Humanitario.
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Citas procesadas a través de la aplicación CBP One.
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Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano con casos pendientes.
Costos y expectativas de resolución La firma legal ha establecido una estructura de costos para participar en la demanda grupal, iniciando en $4,000 para individuos, con escalas de $6,000 para parejas o madres solteras, y $8,000 para familias de más de cuatro integrantes. Se ofrecen opciones de financiamiento y ajustes para casos especiales.
La abogada Cañizares enfatizó que no deben temerse represalias por demandar al gobierno, ya que se solicitan protecciones específicas para los demandantes. De lograrse un acuerdo con el USCIS, los expertos legales estiman que las residencias podrían comenzar a aprobarse en un plazo de uno a tres meses.