Un profundo análisis sobre la reconfiguración del aparato judicial en Venezuela revela que la salida de Tarek William Saab del Ministerio Público y su paso a la Defensoría del Pueblo no es un simple movimiento administrativo, sino una movida estratégica de control institucional.
Análisis de la reconfiguración:
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Control del monopolio penal: El Ministerio Público es la institución clave para la cooperación judicial internacional. Quién controle la Fiscalía tiene el poder de responder o bloquear investigaciones extranjeras sobre narcotráfico o delincuencia organizada.
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Riesgo de fuga e información: Mantener a Saab en un cargo público como Defensor del Pueblo funciona como una «supervisión indirecta». El régimen evita que un exfuncionario con información tan sensible salga del país y pueda cooperar con la justicia internacional.
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Transición institucional: Con la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado, el oficialismo busca «desmontar y reconstruir» la estructura judicial antes de definir la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia.
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Contradicción en DD. HH.: La designación de Saab ha sido calificada de irónica: «Es como poner a un pirómano a dirigir el cuerpo de bomberos», debido a su historial en procesos de persecución penal criticados por organismos internacionales.