El presidente Donald Trump tomará el martes el escenario del Congreso para pronunciar su discurso anual del Estado de la Unión ante una nación transformada súbitamente.
Un año después de retomar la presidencia, Trump se ha consolidado como un mandatario que va en contra de las expectativas convencionales. Ha ejecutado una agenda vertiginosa en la que ha trastocado prioridades en el ámbito interno, roto alianzas en el exterior y desafiado al sistema fundacional del país de frenos y contrapesos. Dos estadounidenses murieron a manos de agentes federales mientras protestaban contra las redadas migratorias y las deportaciones a gran escala del gobierno federal.
Una vez que los legisladores ocupen su lugar el martes en el pleno de la Cámara de Representantes y escuchen la agenda de Trump para el próximo año, será un momento existencial para un Congreso que prácticamente ha quedado marginado por el amplio alcance del presidente republicano, quien ha dejado de lado a la estrecha mayoría del Partido Republicano para acumular un enorme poder para sí mismo.
“Es una locura”, comentó Nancy Henderson Korpi, una jubilada del norte de Minnesota que se sumó a una protesta de Indivisible y planea ver el discurso desde su casa. “Pero lo que más me inquieta es que el Congreso, en esencia, ha cedido su poder”.
“Podríamos tomar decisiones sensatas y hacer cambios si el Congreso hiciera su trabajo”, añadió.
El estado de la unión es convulsión
El país atraviesa una encrucijada: celebra su 250º aniversario mientras experimenta algunos de los cambios más significativos en sus políticas públicas y el ánimo general en la vida de muchos estadounidenses.
El presidente impuso su agenda en el Congreso cuando lo necesitó —a menudo presionando a los legisladores con una llamada telefónica durante votaciones disputadas—, pero con mayor frecuencia evitó el toma y daca del proceso legislativo para abrirse paso por encima de su propio partido y de una oposición demócrata que la mayoría de las veces ha presentado un frente unido.
El logro legislativo emblemático de Trump hasta ahora es el gran proyecto de recortes de impuestos del Partido Republicano, con sus nuevas cuentas de ahorro para bebés, la eliminación de impuestos sobre las propinas y otras deducciones especiales, además de fuertes recortes a Medicaid y al programa de ayuda alimentaria SNAP. También destinó más de 170.000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) para su campaña de deportaciones a gran escala.
Pero el Congreso quedó marginado en gran medida mientras Trump se apropiaba de poder de forma drástica mediante cientos de acciones ejecutivas —muchas de las cuales han sido impugnadas en los tribunales— y con una disposición para hacer lo que sea necesario para imponer su agenda.
“Recuperar un poder perdido no es tarea fácil en nuestro orden constitucional”, escribió el juez Neil Gorsuch el viernes en la histórica reprimenda de la Corte Suprema a la política arancelaria de Trump.
Gorsuch señaló que, sin la intervención del tribunal en cuestiones primordiales, “nuestro sistema de separación de poderes y contrapesos amenaza con ceder ante la acumulación continua y permanente de poder en manos de un solo hombre”.
Trump actúa por su cuenta, con o sin el Congreso
Desde reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y trastocar el calendario de vacunación infantil, hasta lanzar ataques contra Venezuela y capturar al presidente de ese país, el alcance de Trump parece no tener límites.
Su gobierno abrió investigaciones contra posibles adversarios políticos, impuso su nombre a edificios históricos —incluido el célebre Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas— y, quizá de forma más visible, ha estado deteniendo a personas y convirtiendo almacenes en centros de retención para su deportación.
En casi cada paso del camino, hubo momentos en los que el Congreso pudo haber intervenido y no lo hizo.
La minoría demócrata trató a menudo de oponerse, incluso frenando fondos de rutina para el DHS a menos que hubiera restricciones a la batida migratoria.
Pero los republicanos creen que el país eligió al presidente y le dio a su partido el control del Congreso para alinearse con su agenda, según un alto asesor de la dirigencia republicana que insistió en mantener el anonimato a cambio de discutir esa dinámica.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que Trump será el presidente “más trascendental” de la era moderna.
Los demócratas planean boicotear el discurso o mantenerse en silencio en todo momento.
“El estado de la unión se está desmoronando”, manifestó el líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries.
El Congreso se defiende… a veces
Ha habido ocasiones en las que el Congreso le plantó cara a la Casa Blanca, pero no han sido muchas —como el impulso bipartidista en la cámara baja del republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna para forzar la publicación de los archivos del caso sobre Jeffrey Epstein, a pesar de las objeciones de Johnson y de la cúpula republicana.
Con frecuencia, las demostraciones de poder de parte del Congreso han sido de parte de unos pocos republicanos que se han sumado a la mayoría de los demócratas para poner un freno al presidente, como cuando la cámara baja votó a favor de bloquear los aranceles a Canadá. El Senado impulsó una resolución sobre poderes de guerra para impedir una acción militar en Venezuela sin aprobación del Congreso, pero dio marcha atrás después de la intervención de Trump.
La mayoría de esas votaciones han sido simbólicas, debido a que el Congreso no tendría los números para superar un veto de Trump que se da por descontado.
Más a menudo, el Congreso ha complacido a Trump, revirtiendo fondos bipartidistas ya aprobados para la ayuda exterior de USAID o para la radiodifusión pública, o al no frenar los ataques de seguimiento del Ejército de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe en los que dos sobrevivientes fueron asesinados. Cuando Trump emitió un indulto en su primer día de gobierno para unas 1.500 personas acusadas en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, los legisladores republicanos no objetaron.
Y mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) –con el multimillonario Elon Musk al frente– empezó a despedir a trabajadores federales, los legisladores republicanos señalaron su aprobación al formar su propio bloque en el Capitolio.
“La pregunta central para nosotros es si el pueblo entiende lo que está en juego”, señaló Max Stier, director ejecutivo de Partnership for Public Service, una organización sin fines de lucro enfocada en la gestión del gobierno y la democracia. “Estamos en medio de la transformación más significativa de nuestro gobierno y de nuestros servidores públicos en nuestra historia como país”.
Indicó que unos 300.000 empleados federales fueron despedidos o se marcharon, mientras que unas 100.000 nuevas contrataciones o recontrataciones han sido en su mayor parte para el DHS.
Se desafían los frenos y contrapesos
Casos contra el gobierno se están presentando a niveles récord en tribunales de todo el país, mientras el Congreso se quedó “dormido al volante”, sostuvo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, una organización que ha presentado más de 150 casos contra el gobierno, parte del mayor esfuerzo legal contra el ejecutivo en la historia de Estados Unidos.
Pero el sistema judicial ha estado bajo presión, y la Casa Blanca no siempre ha acatado los fallos judiciales. Legisladores republicanos se han sumado a las críticas de Trump contra los tribunales, exhibiendo fuera de sus oficinas pancartas con los nombres de los jueces a los que quieren someter a juicio político.
La próxima gran prueba será un proyecto de ley de votación que exige una prueba de ciudadanía y que Trump quiere promulgar antes de las elecciones de mitad de mandato.
La Cámara ha aprobado la Ley SAVE America, que exigiría presentar actas de nacimiento o pasaportes al momento de registrarse para votar en elecciones federales, así como una identificación con fotografía para poder sufragar. Los partidarios de la medida afirman que es necesaria para combatir el fraude, mientras que los críticos sostienen que dejará a millones de estadounidenses sin poder votar porque no tienen documentos de ciudadanía a la mano.
El Senado cuenta con la mayoría para aprobar la medida, pero no los 60 votos necesarios para superar un anticipado filibusterismo de los demócratas.
Trump ha prometido acciones ejecutivas si el Congreso no aprueba la iniciativa.
Fuente: LISA MASCARO Associated Press