Juan Fernández, experto petrolero y exgerente de PDVSA, explicó que la reforma no representa una transformación profunda del modelo petrolero venezolano, sino una legalización parcial de esquemas que ya se venían aplicando bajo licencias especiales y en medio de las sanciones internacionales.
“Esta es una reforma a retazos que busca dar estatus legal a contratos que ya existían, como los contratos de participación productiva y lo que se conoció como la Licencia 41”, señaló.
Fernández detalló que la reforma mantiene elementos que pueden considerarse positivos para el sector privado, como la posibilidad de comercializar directamente el crudo producido por el socio minoritario, abrir cuentas en el exterior y permitir la operación por parte de terceros distintos a PDVSA.
“Se mantiene el control del Estado y la figura de las empresas mixtas, pero se permite que el socio minoritario venda su parte del crudo, siempre que obtenga un mejor precio que PDVSA”, explicó.
No obstante, fue enfático en señalar que el núcleo del modelo petrolero venezolano permanece intacto.
“El control estatal sigue allí. PDVSA conserva el 51 % de las empresas mixtas y no se desmonta el esquema que ha demostrado ser ineficiente y altamente corrupto”, advirtió.
Fernández también alertó sobre la ausencia de mecanismos que permitan una participación real de los venezolanos en la industria petrolera.
“No hay ninguna alusión clara a cómo los venezolanos van a poder participar en la reconstrucción del sector petrolero”, sostuvo.
“Esto no es una apertura real, es una señal política. El objetivo es mostrar condiciones mínimas de legalidad y transparencia para reducir la informalidad y las ventas oscuras de petróleo”, concluyó.