En entrevista con Cada Tarde, el abogado de inmigración Héctor Benítez, explicó que el gobierno de EE. UU. no se pronunció antes del plazo legal del 12 de julio sobre la renovación del TPS 2021 para venezolanos.
Según Benítez, la ley exige que la decisión se comunique con 60 días de antelación y, al no hacerlo, se genera automáticamente una extensión de seis meses, llevando el vencimiento a marzo de 2026.
El abogado advirtió que, aunque esta omisión hace ilegal cualquier intento de terminación, la experiencia con el TPS de otros países demuestra que el gobierno podría intentar cancelarlo de todos modos, otorgando plazos adicionales como “gracia administrativa”.
Benítez subrayó que tal acción sería jurídicamente cuestionable y podría ser impugnada en cortes federales. “Es ilegal, pero no descarto que lo hagan”, concluyó.