José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, se dirige a la comunidad reunida para buscar solución al problema. MARSHA HALPER mhalper@miamiherald.com
La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) llevó a cabo un encuentro el sábado para pedir a la comunidad ayudar a más de 20 venezolanos que se encuentran detenidos en una cárcel de inmigración en Broward.
A esta hora miles de venezolanos celebran la reapertura de la frontera y cruzan a Colombia en búsqueda de alimentos, medicinas y elementos básicos de higiene.
Representantes de VEPPEX dijeron que su intención es ayudar a salir de la cárcel a los 22 detenidos y tratar de difundir información correcta sobre el proceso de inmigración a los venezolanos que planeen entrar a Estados Unidos, para que no terminen en un centro de detención.
El Nuevo Herald reveló el cinco de agosto los casos de venezolanos que han terminado detenidos en el Broward Transitional Center (BTC) tras entrar con visas de turistas al Aeropuerto de Miami, y responder de manera afirmativa cuando autoridades de inmigración les preguntan sí temen regresar a su país.
Para muchos la respuesta lógica es sí, debido a los altos niveles de escasez y violencia en la nación sudamericana. Entonces los Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) utilizan la información para tratar de identificar, en la puerta de entrada a Estados Unidos, cuales pasajeros en la fila están considerando pedir asilo político. Hacer una solicitud de asilo ante las autoridades del CBP en el Aeropuerto conduce directamente a un centro de detención, para iniciar desde allí el trámite migratorio.
La comunidad venezolana del sur de Florida aplaude durante la celebración de una asamblea celebrada para buscar formas de ayudar a los venezolanos que están detenidos en una cárcel de inmigración en Broward. MARSHA HALPER mhalper@miamiherald.com
“Una persona que de manera expresa se presenta en la aduana y pide asilo político, por supuesto que lo van a llevar a una cárcel de inmigración”, dijo José Colina, líder comunitario y presidente de VEPPEX y quien estuvo detenido en centros de inmigración por dos años cuando pidió asilo al llegar a EEUU hace 12 años.
“Lo que estamos buscando es ayudar a los 22 muchachos que se encuentran detenidos en BTC ahora mismo … y además hacer un llamado a los venezolanos a que hagan una inmigración responsable en la medida de lo posible”, agregó Colina. “Si se hacen las cosas mal, van a terminar en un centro de detención y es importante que transmitamos esa información a nuestros familiares”.
En la asamblea también participaron, María Pimentel y July Galué, hermanas de dos de los detenidos, y la abogada de inmigración Alejandra Roa, de origen venezolano, quien ha asumido gratuitamente los casos de algunos de los venezolanos en BTC.
De acuerdo con representantes de VEPPEX y con Roa, la mayoría de los detenidos cuentan con los fondos para pagar la fianza, pero necesitan una carta de apoyo de un familiar o amigo que sea residente o ciudadano de EEUU. En la carta el patrocinador, o la patrocinadora, se compromete a apoyar a la persona con albergue y alimento, explicó Roa. La carta es apenas uno de los pasos para lograr la libertad, ya que los detenidos primero tienen que convencer a un juez o a algún funcionario de inmigración de que realmente son perseguidos políticos.
Colina hizo un llamado a las personas que sean ciudadanas o residentes a presentar la carta de apoyo para los detenidos, ya que aunque la mayoría tiene familiares que están dispuestos a recibirlos, estos no son ciudadanos ni cuentan con tarjeta verde y por lo tanto no califican para presentarse como patrocinadores.
Pero algunos participantes en la asamblea, celebrada en un popular restaurante de Doral, expresaron dudas sobre el documento y pidieron explicaciones sobre las responsabilidades del patrocinador.
“En este país ningún papel es de adorno”, dijo Yasmina Sanabria. “Pido que profundicemos más [sobre el documento]”.
Lo mismo pidió María E. Pardo: “Podrían presentarnos el texto de la carta y decirme cuáles son mis obligaciones”.
Roa explicó que la carta es diferente a un affidavit, o declaración jurada, que es un contrato con las autoridades de inmigración. En el caso de la carta, ésta es protocolar y no obliga a las personas que las presenten a responder legalmente por el beneficiario, en caso de que éste cometa un delito o no se presente ante las autoridades de inmigración cuando se le pida. El patrocinador lo que provee es una dirección de vivienda para las personas que serían dejadas en libertad, según Roa.
De acuerdo con Roa, una vez que las personas que son liberadas se establezcan en una dirección, deberán actualizar su información de residencia con las autoridades de inmigración.
Colina dijo que esperaba que la gente tuviera preguntas sobre la carta, ya que se les está pidiendo que ayuden de buena fe a personas que no conocen. Sin embargo, ya tres personas dijeron que están dispuestas a ser patrocinadores, contó Colina.
“Por supuesto que se espera la resistencia de la gente, sobre todo de los venezolanos que tienen una nivel de desconfianza bastante elevado porque vienen de un país polarizado y que está sumido en una profunda crisis”, dijo. “Se trata de creer o no creer. Si tienes la disposición de ayudar te damos las herramientas para poder ayudar a una persona que ahora mismo lo necesita”.
María Pimentel, cuyo hermano Omar Pimentel, se encuentra detenido, pidió ayuda para que presenten una carta de apoyo a su favor.
“Cuento con los recursos para pagar la fianza de mi hermano y para hacerme cargo de él”, dijo Pimentel. “Pero no cuento con familiares o amistades que den la carta de apoyo. Le pido con el corazón en la mano a cualquier persona que pueda ayudar que lo haga”.
Fuente: El Nuevo Herald