CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente Nicolás Maduro afirmó el viernes que políticos del sur de Florida arrastran a Estados Unidos a una «política exterior extremista» en contra de Venezuela, al tiempo que ordenó reforzar la presencia policial en Caracas y otras ciudades que han sido escenario de protestas contra el gobierno.
El mandatario venezolano indicó en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros que los senadores Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen estarían haciendo «lobby» para influir en el presidente Barack Obama.
«Estados Unidos ha asumido el liderazgo del derrocamiento del gobierno de Venezuela», dijo el mandatario venezolano, quien repetidamente acusa a Washington de financiar a sectores violentos venezolanos a través de oficinas del gobierno para derrocarlo, y de unirse «a una conspiración mediática internacional que pretende generar una falsa imagen de guerra y represión generalizada» para justificar la intervención internacional en el país.
«Obama no puede dejarse llevar por el lobby miamero», enfatizó. «Llamo al Gobierno de Estados Unidos a que coja mínimo, están llevando al presidente (Barack) Obama a un abismo y va a terminar estrellándose… aislándose de América Latina».
Maduro advirtió que «desestabilizar y destruir democracia en Venezuela tendría consecuencias imposibles de aguantar para la sociedad estadounidense»
«Si el gobierno de Venezuela fuera desestabilizado, vendría el peor periodo de inestabilidad política y económica en América Latina», añadió.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden acusó al gobierno venezolano de «inventar teorías conspirativas estrafalarias» de que Estados Unidos tiene algo que ver con las manifestaciones.
Ambos gobiernos retiraron a sus embajadores en 2010.
Biden ha mencionado la posibilidad de mediación por terceras partes no identificadas para promover el diálogo entre los venezolanos agobiados por protestas, la primera gran crisis que enfrenta Maduro desde que asumió el poder el 14 de abril del año pasado.
El gobierno reforzó la presencia de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional en Caracas y otras ciudades del interior del país que desde hace más de un mes son escenario de protestas en las que manifestantes bloquean calles y avenidas.
El despliegue masivo en accesos de autopistas y avenidas fue ordenado por Maduro, quien ha dicho que los responsables de esos hechos «irán presos o tendrán que irse no sé para dónde, pero esa guarimba (barricada) violenta que tranca avenidas se va a acabar ya, definitivamente, en las avenidas principales».
Maduro además ordenó que se realicen allanamientos en las inmediaciones de los lugares donde se produjeron disturbios para buscar a los presuntos responsables.
El viernes, el mandatario afirmó que la violencia generada por las barricadas es la causa de «todos los casos de personas fallecidas y asesinadas».
Esas muertes «son imputables a la violencia guarimbera, desde el primero hasta el último, todos», dijo Maduro y advirtió que «todos los autores materiales serán castigados, sean del cargo que sean, tengan el apellido que tengan».
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, mayor general Miguel Rodríguez Torres, informó que en los distintos allanamientos realizados en las inmediaciones de los focos de protestas se han decomisado bombas lacrimógenas, explosivos, municiones, armas blancas y materiales para fabricar cocteles molotov.
«Venezuela no está siendo sometida a una protesta pacífica de estudiantes, sino insurreccional y está en fase subversiva», agregó.
El viernes algunas de las principales avenidas del este de la capital fueron bloqueadas con barricadas de desechos que instalaron los manifestantes, esencialmente de clase media, que han protagonizado desde comienzos de febrero protestas callejeras contra la inflación que alcanzó en enero una tasa anualizada de 56,3%, el desabastecimiento de bienes básicos, las largas colas para comprar algunos artículos en las tiendas de abarrotes y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
El gobierno de Maduro -que hace casi un año ganó la presidencia por un estrecho margen en medio de acusaciones de fraude y que logró asentarse en el poder en poco tiempo- no muestra signos de colapso. El presidente sostiene que las protestas son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado, pero sus aliados controlan los poderes legislativo y judicial, conserva el apoyo de los militares y, salvo en tres estados del país, todos los gobernadores son oficialistas.
Valencia, la tercera mayor ciudad del país con un millón y medio de habitantes, amaneció el viernes en tensa calma tras la violenta jornada del miércoles que dejó un saldo de tres muertos, entre ellos un capitán de la Guardia Nacional, y 14 lesionados, algunos de ellos por armas de fuego.
La víspera un grupo de acciones de la Guardia Nacional realizaron allanamientos de viviendas en la zona del Trigal, en Valencia, con el propósito de detener a financistas y proveedores de los grupos violentos.
Entre la madrugada del jueves y la mañana del viernes se allanó al menos un edificio residencial en un próspero sector de la avenida Bolivar Norte de esa ciudad industrial, reportó el diario Notitarde de Valencia.
A su vez al menos 20 personas fueron detenidas por generar disturbios la noche del jueves en las inmediaciones de la avenida Bolívar Norte, dijo a The Associated Press Miguel Cocchiola, alcalde de Valencia.
Las manifestaciones han dejado 25 muertos y 365 heridos.
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