La Fiscalía General de Venezuela rechazó el miércoles las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida luego de vincularla con una presunta trama para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
Organizaciones de derechos humanos, sus abogados y familiares denunciaron que desde su detención el viernes pasado —en un aeropuerto de la capital cuando se disponía a viajar a Miami con su hija— no ha tenido acceso a su equipo de defensa y ha permanecido incomunicada. Su arresto generó condenas dentro y fuera del país sudamericano.
La abogada de 57 años —presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y Fuerzas Armadas— es acusada de estar vinculada con un complot para asesinar al presidente Maduro y a otros funcionarios y atacar unidades militares.
“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión” de San Miguel, dijo el fiscal general Tarek William Saab a la prensa.
Sobre “lo que implica tergiversar el tema de las desapariciones, por ejemplo, se ha pretendido vender, como ya lo dije inicialmente, una detención que tuvo previa una orden de aprehensión realizado en el marco de una investigación penal que fue previamente difundida en el mes de enero”, aseveró.
Saab indicó que el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas fijó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como lugar de reclusión de la activista.
“Entonces cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada”, destacó el fiscal general, sin mencionar en cuál de las sedes del SEBIN estará recluida.
Saab agregó que algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos buscan desacreditar la democracia venezolana y sus instituciones.
Los comentarios de Saab, en la que fue su primera declaración a la prensa tras la detención de la activista, se produjeron horas después de que organizaciones de derechos humanos en Venezuela denunciaron que San Miguel no ha tenido acceso a su equipo de defensa.
“Exigimos la liberación de Rocío San Miguel y poner fin a los ataques contra los defensores de los derechos humanos”, dijo a la prensa Claudia Carrillo, de la organización local de derechos humanos Comité de Familiares y Víctimas de las violentas protestas callejeras de 1989 conocidas como “El Caracazo”.
“Desde el periodo 2018 a 2023 se han registrado 2.227 ataques, siendo los últimos tres años, el mayor registro de casos”, agregó Carrillo.
El fiscal general afirmó que San Miguel fue “delatada por los militares detenidos”. Resaltó que en la trama conspirativa “su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”.
“Luego de la detención de esta señora y su entorno, en las extracciones telefónicas obviamente se han visto cosas sumamente delicadas”, agregó sin dar más precisiones.
También fueron detenidos la hija, el exesposo, dos hermanos y la expareja de San Miguel. Saab dijo que su expareja, Alejandro José Gonzales de Canales Plaza, también tuvo una audiencia de presentación el lunes por cargos de revelación de secretos militares y de Estado y obstrucción de la justicia.
Sobre la detención inicial de Miranda Díaz y Víctor Díaz, hija y exmarido de San Miguel, respectivamente, y de dos hermanos, el fiscal general señaló que fueron liberados posteriormente tras ser presentados ante el Tribunal, destacando que, tras detener a San Miguel, “su entorno más cercano actuó al margen de la ley» al ocultar pruebas que posteriormente fueron recuperadas por las autoridades.
La hermana de Víctor Díaz, Minnie Díaz, dijo el miércoles a The Associated Press que ambos fueron liberados bajo la condición de que se presenten regularmente con las autoridades, no viajen fuera del país y no hablen con los medios.
Fuente: AP
