BOGOTA (AP) — La defensa del ex presidente Alvaro Uribe pidió el miércoles al embajador de Washington en Bogotá que por su intermedio se interrogue a un general en retiro de la policía preso en Estados Unidos para que diga si durante su paso por la institución armada recibió alguna orden del mandatario o sus funcionarios para cometer algún ilícito.
La misiva del ex presidente y su defensa al diplomático se da dos días después de que el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo Velasco aceptó ante un tribunal de Alexandria, en Virginia, haber proporcionado entre 2001 y 2008 información a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y así frustró los esfuerzos que hacían los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para evitar el tráfico de drogas.
Santoyo, de 53 años, se desempeñó como jefe de seguridad de Uribe durante su primer gobierno (2002-2006).
«Si en algún momento, es decir antes, durante o después de que fungiera como presidente de la República, le informó al doctor (Uribe) sobre las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos o si sabe que él fuera informado de alguna otra manera sobre las mismas», escribió el abogado del ex gobernante, Jaime Granados, al embajador de Estados Unidos en Colombia, Peter Michael McKinley.
En otro aparte de la carta, Granados solicitó que se le pregunte a Santoyo «si en algún momento… percibió en el doctor (Uribe) alguna conducta irregular o mal ejemplo que lo motivara o lo determinara a realizar las actividades por las cuales hoy acepta responsabilidad penal en Estados Unidos».
El jurista también pidió que el general cuestionado responda si en alguna oportunidad le contó sus actividades ilícitas al entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos –actual presidente de Colombia– y al saliente ex director de la policía, general en retiro Oscar Naranjo.
El objetivo de la carta, explicó Granados en entrevista con The Associated Press, es que «se sepa la verdad» y «cuando se sepa la verdad quede a salvo el buen nombre del ex presidente Uribe y de la institucionalidad».
El caso de Santoyo no sólo ha llamado la atención por haber sido el ex jefe de seguridad de Uribe, sino porque se trata del más alto oficial de la policía que encare cargos en Estados Unidos.
Uribe, que gobernó por dos períodos hasta 2010, ha dicho que la actuación de Santoyo es una ofensa a su gobierno.
En la corte estadounidense Santoyo se expone a una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Su sentencia se conocerá el 30 de noviembre.
En un documento presentado ante el tribunal, los fiscales estadounidenses dijeron que los sobornos que las Autodefensas Unidas de Colombia pagaban a Santoyo eran de un monto «considerable» pero se abstuvieron de precisar la cifra.
Gloria Arias, jefa de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía colombiana, dijo a la AP el miércoles que se están rastreando los bienes en Colombia de Santoyo. Casi todos, precisó, aparecen a nombre de su esposa y sus tres hijos. La Fiscalía trata de establecer qué propiedades fueron conseguidas por Santoyo con base en sus aceptados negocios criminales.
La carrera de Santoyo ha estado marcada por varios escándalos. En 2001 resultó salpicado en versiones de prensa por un caso de interceptaciones telefónicas ilegales a miembros de organizaciones de derechos humanos en Medellín, capital del departamento de Antioquia y a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La Procuraduría, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, comenzó a indagar ese caso y en octubre de 2003 resolvió en primera instancia destituir a Santoyo, entonces coronel, por su presunta responsabilidad en las escuchas ilícitas.
Pese a la decisión de la Procuraduría, Uribe dejó a Santoyo como su jefe de seguridad con el argumento de que aún tenía en desarrollo un recurso o demanda contra su destitución.
El fallo de destitución de la Procuraduría entonces quedó sin peso jurídico por una decisión del Consejo de Estado –una de las cuatro altas cortes de Colombia–, que en abril de 2006 le dio la razón a Santoyo en su apelación de que la sanción en su contra no le fue notificada oportuna y debidamente como disponen las leyes.
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