En 2004, Donald Trump firmó un acuerdo de concesión para un edificio de 813 apartamentos llamado Trump Towers en Sunny Isles Beach.
Su nombre sirvió para comercializar los apartamentos a extranjeros acaudalados, entre los que se pudo identificar a 13 acusados de corrupción.
Las acciones de Trump y sus aliados no son ilegales, pero las autoridades de Estados Unidos creen que el dinero de las operaciones proviene del lavado de dinero.
La información proviene de un trabajo de investigación realizado por el MiamiHerald, en el cual se devela que Trump se benefició de la venta de inmuebles de diferentes compradores de América Latina y Rusia con antecedentes de corrupción, además de compañías anónimas en paraísos fiscales. Entre ellos, distintos miembros de un grupo criminal rusoamericano.
También entre los compradores se encuentra el banquero mexicano Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de Ficrea acusado de defraudación. Olvera Amezcua enfrenta una demanda por el robo de 65 millones de dólares a más de 4 mil personas que invirtieron sus ahorros en la sociedad financiera popular en México.
Otro de los compradores fue Roberto Rincón: contratista venezolano del sector petrolero quien se declaró culpable hace unos meses de evasión fiscal y de infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Rincón y un socio de negocios fueron acusados de pagar millones de dólares en sobornos para ganar contratos por valor de mil millones de la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA. Se cree que coopera con fiscales estadounidenses en una amplia investigación de PDVSA.
Fuente: Miamidiario.com
