Un tribunal federal de apelaciones ha mantenido, por ahora, las protecciones para más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), al rechazar una petición de emergencia del gobierno de Donald Trump que buscaba finalizar el programa de parole humanitario que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión, emitida este lunes por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, preserva una orden judicial anterior que había bloqueado la terminación del programa.
El fallo del tribunal de apelaciones significa que la orden de la jueza de distrito Indira Talwani, quien en abril suspendió la directiva de la administración Trump para concluir el programa CHNV, sigue vigente. La jueza Talwani había argumentado que la terminación del parole se intentó sin una revisión «caso por caso», como exige la ley, y que no existía un interés público sustancial para obligar a estas personas a abandonar el país o a caer en un estatus indocumentado, según detalló Univision. En su momento, la jueza Talwani expresó que «tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias», una cita recogida por Univision.
La administración Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había sostenido que tenía la autoridad para cancelar categóricamente el estatus de estos migrantes y que la orden judicial obligaba al Ejecutivo a «retener a cientos de miles de extranjeros en el país», como reportó Univision. Previamente, Noem había asegurado que los beneficiarios perderían su estatus legal el 24 de abril, información destacada por Telemundo 51.
Sin embargo, el panel de tres jueces del Primer Circuito – compuesto por dos designados por el expresidente Joe Biden y uno por el expresidente Barack Obama, según El Nuevo Herald – expresó escepticismo sobre los argumentos del gobierno. Indicaron que la administración no había presentado una «fuerte demostración» de que tendría éxito en su apelación final sobre el fondo del asunto, un requisito para conceder intervenciones de emergencia. Aunque la decisión del lunes no es definitiva sobre la legalidad de la terminación del programa en sí, sí representa un revés para los planes de la administración.
El programa de parole CHNV, iniciado durante la presidencia de Joe Biden, ha permitido a más de 530,000 personas de las cuatro naciones mencionadas ingresar a Estados Unidos legalmente con el apoyo de patrocinadores y obtener permisos de trabajo por hasta dos años, tiempo durante el cual se esperaba que aplicaran a otros estatus migratorios.
La demanda original contra la finalización del programa fue presentada por inmigrantes y sus patrocinadores, argumentando que el cambio abrupto de política interrumpía ilegalmente sus vidas y violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Karen Tumlin, abogada del Justice Action Center, calificó las acciones del gobierno como «imprudentes e ilegales», según declaraciones recogidas por Univision (originalmente de Reuters).
Mientras el proceso legal continúa, y con la posibilidad de que el gobierno recurra ante la Corte Suprema, el procesamiento de solicitudes de parole y los beneficios asociados para los individuos bajo los programas CHNV seguirán adelante. Esta situación mantiene en vilo a cientos de miles de personas que encontraron en este parole una vía legal para establecerse temporalmente en Estados Unidos.