El abogado Héctor Benítez explicó en el programa Cada Tarde que, aunque las recientes decisiones judiciales fortalecen la protección legal de los venezolanos, el Estatus de Protección Temporal (TPS) sigue siendo un mecanismo transitorio. Benítez enfatizó la urgencia de que los beneficiarios inicien procesos hacia la residencia permanente antes de que el alivio temporal expire.
Un fallo que protege sin reactivar automáticamente
La reciente decisión de la Corte de Apelaciones, que respalda la ilegalidad de la terminación del TPS para Venezuela, representa un alivio jurídico significativo pero no una solución definitiva. Según Benítez, este fallo fortalece un marco legal que puede utilizarse «caso por caso» para alegar detenciones ilegales, defenderse frente a acusaciones de trabajo no autorizado o sostener procesos de ajuste de estatus pendientes.
El experto aclaró que el gobierno permitió que estas protecciones entraran en vigor al no ejecutar un freno judicial (stay) oportuno. Esto mantiene vigente el efecto protector del llamado declaratory relief dictado originalmente por el juez federal Edward Chen, mientras el litigio principal continúa su curso.
El TPS como puente, no como destino
Uno de los mensajes centrales de la entrevista fue la advertencia sobre la temporalidad de este beneficio. Benítez recordó que la mayoría de las vías hacia la residencia —como certificaciones laborales, visas de habilidades extraordinarias, peticiones familiares o visas humanitarias— pueden tardar entre dos y tres años en procesarse.
Para ilustrar el riesgo de la inacción, citó el precedente de ciudadanos hondureños que mantuvieron el TPS por casi tres décadas tras el huracán Mitch, para luego enfrentarse a la pérdida del estatus cuando las condiciones de su país cambiaron. “El problema no fue que se lo quitaran, sino haber creído que era permanente”, advirtió el abogado.
Impacto de un cambio político y la fecha límite de 2026
Sobre un posible cambio de mando en Venezuela, Benítez distinguió entre el TPS y el asilo. Explicó que para que un caso de asilo pierda vigencia, no basta con un cambio en la presidencia; el Estado debe demostrar que puede proteger al individuo frente a grupos armados y colectivos a nivel local, algo que difícilmente se logra en un periodo corto de transición.
Finalmente, el jurista recordó que, de no haber apelaciones ante la Corte Suprema, el TPS para venezolanos podría expirar en octubre de 2026. Instó a la comunidad a no esperar a que el tiempo se agote para buscar asesoría legal oportuna: “El TPS te compra tiempo, pero no te compra futuro; el futuro hay que construirlo mientras el TPS existe”.