El abogado constitucionalista Sabino Jáuregui analizó en el programa de Yoly Cuello las complejas implicaciones legales que rodean el tiroteo de un manifestante durante un reciente operativo federal. Durante su intervención, Jauregui advirtió que el punto crítico de la investigación judicial será determinar si la descarga de más de diez disparos contra una persona fue una acción razonable, especialmente ante los reportes que indican que el individuo no habría desenfunda su arma, la cual permanecía en su funda o holster al momento del incidente.
El experto explicó que, aunque el uso de la fuerza suele estar justificado ante la resistencia al arresto, la justicia deberá evaluar si la reacción del agente fue proporcional al escenario caótico que se vivía. Esta determinación es fundamental para decidir si corresponde aplicar la inmunidad federal, un mecanismo legal que protege a los agentes en el ejercicio de sus funciones pero que cuenta con límites claros cuando se alega un uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, Jáuregui subrayó que portar un arma legalmente es un derecho protegido por la Segunda Enmienda y que este hecho no convierte automáticamente a un ciudadano en una amenaza para las autoridades. El caso reaviva tensiones entre autoridades locales y federales por el manejo de la seguridad y el despliegue de agentes en contextos de protesta bajo la administración del presidente Donald Trump, mientras se espera que una investigación independiente del FBI arroje conclusiones en los próximos meses.